LA NECESIDAD DE LA REFORMA JUDICIAL EN BOLIVIA (I)

Por: Armando Cardozo Saravia

Aun cuando hace ya 15 años teníamos claro que era preciso una reforma al Sistema de Administración de Justicia, sin embargo no se ha realizado ningún acto serio orientado hacia una verdadera reforma y hoy quince años después el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos  (GIEI-Bolivia) de septiembre del 2021, emergente del acuerdo suscrito entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, para que nuevamente se reactive la discusión respecto a la necesidad de la Reforma Judicial, pero con el añadido que ahora sí es una obligación para el Estado Boliviano, porque los efectos del Acuerdo suscrito entre el Estado Boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supone obligaciones de cumplir con las recomendaciones y conclusiones del informe, donde se pone en evidencia que el Sistema de Administración de Justicia en Bolivia no garantiza seguridad jurídica, el debido proceso y las mínimas condiciones de independencia judicial.

 

Pero las opiniones vertidas hasta la fecha muestran el poco ánimo de encarar la reforma de manera seria y responsable y además ha servido para poner en evidencia la total sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo; porque mientras el Poder Ejecutivo a través del Ministro de Justicia ha hecho conocer el propósito de reformar y automáticamente como le gusta al movimiento al socialismo ya adjetivo la reforma señalando que se hará a través de seis columnas.  Entre tanto el verdadero interesado en encarar la reforma, es decir el Poder Judicial, guarda un silencio absoluto, reitero no solo mostrando su nivel de sumisión al Ejecutivo, sino además mostrando una falta de interés de hacer respetar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado; pero además poniendo en evidencia la ausencia de iniciativa, y capacidad de asumir el liderazgo en la solución de sus problemas o esa desidia pudiese mostrarnos que los magistrados de los más altos Tribunales se sienten satisfechos por el estado de podredumbre del Sistema de Administración de Justicia,

Creemos que la propuesta del Poder Ejecutivo que habla de seis columnas para la reforma, lo que nos muestra es la falta de interés de realizar la Reforma, porque si tenemos que recorrer seis columnas estamos hablando de un largo camino por recorrer, que con la eficiencia gubernamental significa que nunca concluiremos el proceso, por lo mismo y entretanto el Poder Ejecutivo seguirá manipulando y haciendo uso de la Administración de Justicia como parte de abuso totalitario.

La Reforma sí pretende ser seria, no requiere de incrementar normativa o protocolos adicionales en las actuaciones procesales, menos creando nuevos mecanismos institucionales adicionales que sólo es símbolo de mayores niveles de burocracia ineficiente, cuando en estos momentos lo que urge es reducir esa burocracia administrativa e incrementar el número de jueces.

La retardación de Justicia que es uno de los primordiales problemas actuales, se debe primordialmente a que los Jueces hace 15 años, cumpliendo estrictamente la Ley recibían para el despacho diario un promedio de 20 expedientes, además establecía que atendería hasta tres audiencias porque materialmente era imposible más audiencias en el plazo de las 8 horas de trabajo.  Han transcurrido 15 años y la densidad demográfica en Capitales de Departamento; en ciudades intermedias y en los Juzgados de Provincia, por lo tanto, el número de procesos se han incrementado en proporción geométrica, decir que hoy no ingresan todos los expedientes dentro de los plazos de Ley y tampoco se despachan en los plazos establecidos para los Jueces. 

Pongo de ejemplo el caso de la Ciudad de Sucre, antes de la Ley 025 existían en materia civil y comercial existían 7 juzgados de instrucción y 7 juzgados de partido.  Puesta en vigencia la Ley 025 aparecen 14 Juzgados Públicos de Materia Civil y Comercial, y en actitud mañosa se dice que se han incrementado el número de Juzgados; pero está claro que no existe tal incremento, solamente se les ha cambiado la denominación, les hemos modificado la etiqueta, la denominación del Juzgado, pero en los últimos 15 años el volumen de causas se ha incrementado en forma geométrica, por lo tanto no es que el Juez sea negligente o dilata los procesos, debemos entender que el Juez está recargado de trabajo.

Aquí es pertinente señalar que en algunas entidades de la administración pública y que por los niveles de sumisión del Poder Judicial se ha pretendido aplicar en el judicial, la costumbre que el trabajador debe concurrir antes del inicio de la jornada laboral y permanecer más allá de la jornada de las 8 horas laborales, con la errada concepción de que con ello se pretende resolver la carga laboral.  Eso es un absoluto y total equivoco, sí una persona no puede despachar la carga laboral en la jornada de trabajo, ello se debe a dos razones posibles: a) el funcionario no tiene la capacidad suficiente, aumentando horas de trabajo no resuelve la ineptitud, y b) Existe tal cantidad de trabajo que aun teniendo el personal mucha capacidad lo que requiere la Institución es mayor número de funcionarios, lo que no significa burocracia, sino un mayor número de funcionarios eficientes.  En el caso del Sistema de Administración de Justicia, urge y se requiere un mayor número de jueces.  Porque si tenemos un número de jueces individuales; tribunales que despachan las causas con un nivel de carga procesal adecuado al volumen de causas que existen en la realidad procesal en cada distrito judicial, estamos seguros de habremos logrado que se reduciría la retardación de justicia en las proporciones tan alarmantes como existe en la actualidad.

Para resolver este dificultad existente en la actualidad, eso supone que el Sistema de Administración de Justicia requiere de una mayor asignación presupuestaria que para un Poder Judicial, que como señala el artículo 12 de la Constitución Política del Estado debería también ser considerado con la misma calidad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Electoral, por lo tanto respetando su independencia el Gobierno debe asignar un presupuesto suficiente que consideramos no debería ser menor al 10% del presupuesto general del Estado.

Pero ese presupuesto debería estar con una expresa prohibición de compra de vehículos (porque los magistrados deberían tener la capacidad de cuando menos asistir a su fuente de trabajo por sus propios medios); renovación permanente de computadoras y prohibición de contratación de asesores en los altos Tribunales, En los Altos Tribunales Nacionales según la carga procesal deberá duplicarse en número de Magistrados, pero que sean ellos los que resuelvan las causas y no sus asesores.  Si la selección de Magistrados se realiza entre las personas de la mayor calificación profesional, no es entendible que requiera de asesores que los eduquen y formen en una especialidad jurídica, mucho menos se lo elaboren proyectos de resoluciones.

De donde podemos concluir que una primera necesidad del Sistema de Administración de Justicia en Bolivia pasa por una asignación presupuestaria no menor al 10 por ciento del Presupuesto del Estado; en próxima entrega haremos un comentario sobre otros aspectos a considerar en la Reforma Judicial si deseamos que se la encare con algún nivel de seriedad, pero creo que un factor fundamental es de orden presupuestario.      

Sucre, 19 de septiembre del 2021