LA EXTRADICCION EN BOLIVIA: Caso Pedro Montenegro

Por: Armando Cardozo Saravia

El 11 de mayo del 2019 y bajo el título: “…el “narco” más buscado de Bolivia” la agencia “Erbol” anunciaba que Pedro Montenegro se había entregaba a la policía boliviana.  Este personaje tiene orden de captura internacional por hechos de narcotráfico en el Brasil y el fiscal Balderas indicó que a Montenegro le corresponde ser trasladado a Palmasola, para luego cumplirse el trámite de la extradición; de quién además se menciona que guardaba estrecha relación con altas autoridades policiales, como el Coronel Gonzalo Medina, quien además habría condecorado al narcotraficante.

Aunque las autoridades gubernamentales y el Ministro Romero quiso dar a entender que fue el producto de un verdadero operativo policial, lo cierto y evidente es que el Señor Pedro Montenegro se entrega a la Policía.  Del anuncio inicial que dio el Fiscal de Materia Balderas que se lo remitiría a Palmasola entre tanto se tramite la extradición.  El periódico La Razón sostenía que Pedro Montenegro Paz, es uno de los peces gordos más importantes de los últimos tiempos en el país, suman siete las personas detenidas de la red de narcotraficantes que operaba entre Bolivia, Colombia y Panamá, al menos, en tanto que la Policía Brasileña lo buscaba desde hace más de un año y el Gobierno del Brasil había ya solicitado la extradición de Montenegro.

Pero curiosamente el Tribunal Supremo de Justicia lejos de tramitar la solicitud de extradición, al amparo del Tratado de Extradición del Mercosur suscrito con Bolivia, opta por negar tal petición y bajo forzados procedimientos termina el trámite en poder de un Juez en el Departamento de Santa Cruz que en definitiva garantiza la libertad de Montenegro y este a cambio, estrecha aún más sus relaciones con altas autoridades del Órgano Judicial.

En esa nebulosa de acontecimientos y en la práctica gubernamental, aparece un proceso penal por uso de una falsa identidad y el Señor Pedro Montenegro, por esas “casualidades de la vida” de las que solo se dan en Bolivia se somete a proceso abreviado y habrá de pronunciarse en poco tiempo más la sentencia que le dará una pena que se estima sea de 6 años de privación de libertad, que en definitiva lo que busca es eludir su extradición, cobijado ahora por la Policía Boliviana y el Órgano Judicial.

Pero olvidan que los artículos 149 a 159 del Código de Procedimiento Penal y  no modificadas por la Ley 1173, además de definir los alcances de la extradición, establece que este instituto jurídico se rige por los Convenios y Tratados internacionales y subsidiariamente por el Código de Procedimiento Penal.

El Código de Procedimiento Penal señala que la extradición procede cuando en la legislación del país solicitante y en Bolivia se legislen identidad de delitos que se sancionan con penas privativas de libertad cuyo mínimo es de dos años y tratándose de nacionales cuando ese mínimo sea superior a dos años.

Por el contrario no será procedente la extradición (Artículo 151) cuando existan motivos fundados para creer que la extradición se solicita 1.- Para procesar a una persona por causa de sus opiniones políticas, de raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, o será sometido a penas crueles e inhumanas.  2.- Cuando en Bolivia exista sentencia ejecutoriada, por el delito que motiva la solicitud de extradición; o finalmente 3.- Cuando aquel delito por el que se solicita la extradición haya prescrito, la persona haya sido amnistiada o indultada.

Pero en el segundo caso antes mencionado contemplado en el artículo 151 del Código de Procedimiento se exceptúa de conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 numeral 5) es decir: “Cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a los otros delitos, o a la que se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea procedente la extradición solicitada.”

La extradición solicitada por el Brasil a Bolivia para la entrega de Pedro Montenegro por la comisión del delito de narcotráfico, que se regula por el Acuerdo sobre Extradición entre el Mercosur, y la República de Bolivia, vigente desde 1998 y en el caso particular por las disposiciones del artículo 2° del mismo.

Resulta pertinente señalar que el Supremo Tribunal al considerar la extradición de Pedro Montenegro deberá valorar la documentación que presenta el Brasil para la procedencia o no de la extradición; pero también tendrá que valorar si se trata de hechos anteriores al proceso abierto en Bolivia; tratándose de delitos diferentes tendrán que considerar la relevancia social de cada uno de ellos, que en el caso específico los delitos de narcotráfico poseen una mayor y sustancia importancia frente al delito de falsedad material y uso de instrumento falsificado, porque para el caso éstos últimos forman parte de la conducta de Pedro Montenegro para eludir su búsqueda por los delitos cometidos vinculados al narcotráfico.

El matutino La Razón de fecha el 1° de julio del 2019, informa que la Fiscalía de Santa Cruz accedió a que el procesado por narcotráfico y otros delitos Pedro Montenegro se someta a un juicio abreviado en el caso de falsedad material y uso de instrumento falsificado (cuya pena privativa de libertad tiene un máximo de 6 años) que se le sigue por adulterar su identidad con el nombre de Pedro Hoffman Sainz para tramitar documentos y realizar viajes al exterior; es decir los delitos que se le imputan en Bolivia son menores y se integran a la cadena de delitos vinculados al narcotráfico.

Con esos antecedentes y obviamente sin conocer en detalle la documentación que hubiese presentado el Brasil para la procedencia de la extradición, nos animamos a sostener de manera preliminar que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, debería por la relevancia y connotación social que tienen los delitos vinculados al narcotráfico, debería dar prioridad al pedido de la extradición y entregar al Señor Pedro Montenegro a la República Federativa del Brasil, haciendo conocer de la existencia de la sentencia del proceso abreviado para que al cumplimiento de las penas que le correspondan por los delitos del narcotráfico, sea devuelto a los fines de cumplir con los 6 años de privación de libertad que se estima sean aplicados en el proceso abreviado tramitado en la ciudad de Santa Cruz.

Sucre, 3 de julio del 2019   

POLÍTICA EXTERIOR BOLIVIANA

Por: Armando Cardozo Saravia

En definición del ex Canciller e internacionalista Fernando Salazar Paredes, debemos entender por Política Exterior desarrollada en su obra “Hacia una nueva Política Exterior Boliviana” (Ed. Plural) se destaca el hecho de constituir una manifestación soberana, coherente, dinámica y posible del Estado hacia el exterior; manifestación destinada a lograr los intereses fundamentales del Estado, preservando su soberanía y seguridad.

Como se comprenderá todo Estado debe contar con una política exterior diseñada en función de su propia realidad en el espacio y en el tiempo, de sus potencialidades y posibilidades económicas y sociales; de aquellos objetivos posibles y de la disponibilidad de los medios suficientes para la consecución de tales objetivos que son de especial interés para el Estado y conforme a una estructura de prioridades claramente definida

Lograr esos objetivos se puede alcanzar por diversos medios, pero uno de los más utilizados sin lugar a dudas, y por constituir acciones que se desarrollan de manera directa, es a través de las misiones diplomáticas que el Estado diseña, planifica y ejecuta en lo posible con la mayor eficiencia y dinámica, en períodos que coinciden con el mandato presidencial.

Existen determinadas prioridades e intereses que el Estado a lo largo de su historia va consolidando como políticas de Estado, es decir que existen objetivos que se busca alcanzar independientemente del Gobierno de turno y sin cuestionar la gestión o mandato presidencial del que se trate; así como existen otras acciones de importancia para el Estado, que también se habrán de ejecutar con mayor o menor eficiencia en función de la dinámica e interés del Jefe de Estado, porque según la Constitución Política del Estado numeral 5) del artículo 172, es al Presidente a quien corresponde dirigir la política exterior.

En el caso boliviano debemos reconocer que el Estado no definió y menos planificó una verdadera política exterior, debido a varios factores entre los que podemos señalar: la inestabilidad política y económica; la poca relevancia que para algunos mandatarios tuvo el relacionamiento internacional; la ausencia en el diseño de acciones claras en el Servicio Exterior y la ausencia de formación profesional en el área, entre muchos otros factores impidieron contar con una adecuada política exterior.

Han pasado trece años de mandato del actual Jefe de Estado, es decir ha existido una misma visión y unos mismos objetivos en la visión del Presidente por más de una década; el Canciller que por mandato del artículo 4.I de la Ley 465 es el responsable de administrar “la  gestión de política exterior”; también ha contado con una relativa estabilidad porque el Ministerio de Relaciones Exteriores en todo este período solo ha tenido tres Ministros, lo que para un periodo como el que analizamos representa estabilidad del funcionario y por tanto el mismo enfoque y los mismos criterios en su administración.

Este período sin embargo no ha sido el más afortunado para el país.   Porque pese a que tradicionalmente el Estado boliviano se ha calificado de país de los contactos y de la integración, prueba evidente que el 2009 al aprobarse la Constitución vigente se recoge en su texto esa vocación.

Durante este periodo, lo que hemos visto es una clara definición de la política exterior en función de razones ideológicas, antes que en necesidades y prioridades nacionales, menos se ha diseñado una política exterior, en función del interés nacional y de las capacidades como potencialidades nacionales.  Desde sus inicios existió una amplia publicidad sobre el propósito de distanciarse de los gobiernos, calificados por el presidente boliviano, como capitalistas o vinculados al imperio norteamericano, nada se dijo al inicio del imperio chino o de las políticas de expansión de Rusia en su accionar internacional.

Hace trece años como hoy también, se han hecho acusaciones de injerencia y desestabilización al Gobierno por parte del gobierno norteamericano, sin que en más de los trece años de gestión se haya podido identificar esos actos o las personas que estaban detrás de esas acciones.  Sin lugar a dudas nunca las hubo, pero ese fue el pretexto usado para expulsar al Embajador Norteamericanos, posteriormente expulsar a todas las agencias de cooperación norteamericana y todo aquello que estuviese directa o indirectamente vinculado a ese país; por lo tanto, salió USAID, afectando los diferentes programas de lucha contra el narcotráfico y la producción ilegal de la hoja de coca.  Se suspendieron las preferencias arancelarias concedidas a las exportaciones de productos bolivianos, especialmente textiles, hacia uno de los mercados más grandes.  Así como se suspendió la cooperación financiera y técnica en otros programas principalmente en materia de salud.

Estas acciones se repitieron con la cooperación técnica y financiera de otros países europeos o se restringió significativamente la presencia de la Cooperación Alemana a través de la GTZ, y varias fundaciones de ese origen; lo mismo aconteció con la AECI de España y la Cooperación de Bélgica, Holanda y Suiza, que redujeron significativamente su presencia en el país, porque el Gobierno boliviano condicionó en muchos casos que tal cooperación se canalice a través de los Ministerios del área, condicionante que genera una burocracia que las agencias de cooperación deben financiar en su funcionamiento, pero que además no generan confianza en la Cooperación porque la calidad de sus funcionarios no siempre es la mejor ni existe la transparencia suficiente.

En su reemplazo apareció la presencia de Venezuela, Irak y Cuba que esencialmente vinieron a dar asistencia política e ideológica al Gobierno de Evo Morales, así como programas de difusión política en las áreas rurales y hasta la fecha la presencia de ellos junto con la presencia de China continental y de sus ciudadanos que en algunos lugares del país es notoriamente significativa.

Bolivia desde el 2005 a la fecha también ha ido distanciando su presencia en los organismos internacionales y en los foros internacionales, dada la participación incipiente de los representantes o la intervención en línea contraria hacia las tendencias mundiales, lo que obviamente paulatinamente provoca la reacción negativa de las naciones y el aislamiento en el contexto de la comunidad internacionales; con excepción de los foros que se han desarrollado en Temas de los Pueblos Indígenas o de interés indigenista en las que la intervención boliviana en muchos de ellos ha contado con la presencia del propio Jefe de Estado.

Se dirá que, en estos 13 años, Bolivia tuvo participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; es evidente, pero ello fue más producto del turno que le correspondía para intervenir que en una selección que obedezca a la capacidad de gestión diplomática; pero además para nadie es desconocido que la presencia boliviana estuvo marcada por una clara defensa de los intereses de Cuba, Rusia y Venezuela, antes que en el manejo de una posición que busque el beneficio de intereses nacionales.  Solo en la vía de ejemplo cabe mencionar el voto negativo de Bolivia a aplicar censurar y aplicar sanciones a Siria por la violación flagrante a los derechos humanos.  La participación de Bolivia en la OEA, a través del actual Canciller Pary, fue otra de las desastrosas participaciones en manifiesta defensa de los intereses venezolanos, antes que en mantener una posición en defensa de intereses bolivianos.  Confundimos la cordialidad en las relaciones con un gobierno extranjero, por el servilismo a los intereses venezolanos y cubanos en el continente.

Es decir, han transcurrido trece años en los que Bolivia ha optado por aislarse del mundo en defensa de una posición ideológica ya fracasada, antes que en asumir una posición de defensa de los intereses nacionales en función de los intereses sociales y económicos de la mayoría de los ciudadanos y de su capacidad productiva.  Quedando en la actualidad y en el continente básicamente aislados, puesto que los únicos países con los que mantenemos relaciones diplomáticas en los niveles más amplios y estrechos se producen con Cuba, Nicaragua y Venezuela, con los otros gobiernos en América es una relación formal y en los niveles básicos de intercambio.

Que el año 2019 que se inicia, sea el momento de reordenamiento de las directrices de la política internacionales boliviana, de manera que las acciones diplomáticas que en ese orden se realicen también se reorienten de manera que alcancen una mayor dinámica y pongan a Bolivia con mayores posibilidades de integrarnos a plenitud en el continente y en el mundo.

 

Sucre, 25 de junio del 2019