La Adopción nacional o internacional

Por: Armando Cardozo Saravia

El régimen de la adopción en Bolivia, regulado en el Código Niño Niña y Adolescente (Ley 548 de 17 de julio de 2014) en su Sección VI desde el artículo 80 al 105; destinada resolver un problema de gran envergadura para la sociedad, que pretende resolver la situación de abandono en la que se encuentran los niños o niñas que por diferentes factores carecen de un padre o madre que atienda por su salud emocional, alimenticia, necesidades de alimentación, vestimenta y para tener quien vele por sus intereses y derechos.

Este instituto jurídico se lo consagra en la Ley enfocando como sujeto esencial el niño o niña o adolescente que se encuentre en condiciones de adoptabilidad, porque no todo menor es susceptible de adopción, si consideramos que esa calidad tiene una enorme trascendencia en la vida tanto del menor como del adoptante porque ingresará de manera permanente y definitiva a formar parte de una familia: el menor en calidad de hijo o hija y adoptante pasará a la calidad de padre, pero además con todos los efectos que ello representa en los vínculos que ya tiene el adoptante y su entorno familiar.

La Ley prevé que, en el proceso de la adopción, todos los servidores públicos, entre los que sin duda se encuentra el Juzgador, puesto que la adopción solo se constituye mediante expresa sentencia judicial; deben actuar siempre en el interés superior del niño, niña o adolescente.  Así como se contempla la igualdad de los hijos, cuando el adoptado adquiere esa calidad e ingresa a la familia de los adoptantes que ya tienen hijos.

La norma legal además establece los requisitos que debe reunir tanto quien pretende adoptar como el niño, niña o adolescente que sea susceptible de ser adoptado; que en el caso de los adoptantes se exige acreditar que la pareja que pretenda adoptar este casado, para cuyo efecto acreditará con el certificado de matrimonio o si se trata de uniones libre o, de hecho habrá que demostrar mediante resolución judicial que ponga en evidencia que efectivamente existe esa unión de hecho.  Finalmente, la Ley 548 establece en su normativa los derechos y deberes que les corresponde a ambos (adoptante y adoptado) así como todos los efectos que el instituto jurídico comprenderá en sus relaciones jurídicas a partir de la declaración en sentencia de la adopción.   

Resulta relevante considerar que la Constitución Política del Estado en su artículo 63 establece que: “I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.  II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, …”.

Es decir que el ordenamiento jurídico nacional solo concibe posible la existencia del matrimonio entre un hombre y una mujer, no siendo factible la posibilidad de matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo.  En otros términos, la legislación boliviana no admite la posibilidad de que dos personas del mismo sexo pudiesen adoptar a un niña, niño o adolescente: por dos razones fundamentales porque no se podría demostrar la existencia del matrimonio y segundo porque como claramente lo establece la Ley 548 en la adopción se debe velar siempre el interés superior del niño, niña o adolescente.

Realizamos esta puntualización porque en los últimos días ha sido motivo de comentario periodístico la decisión del Juez de Kentucky en los Estados Unidos quien a tiempo de conocer y resolver una solicitud de adopción planteada por una pareja del mismo sexo, en el fallo define negar la adopción de niños a parejas del mismo sexo, afirmando que no existe el derecho a adoptar, existe el derecho a ser adoptado “El niño tiene el derecho superior de recuperar lo que ha perdido en lo natural: un padre y una madre”. El niño no es un producto para satisfacer un anhelo emocional, ideológico o político; el niño es el fin supremo de la sociedad y del estado.

Esta fundamentación del fallo del Juez de Kentucky, citada de manera sintética, sin embargo, es absolutamente contundente cuando sostiene que el derecho de adopción es un derecho que adoptado y no un derecho del adoptante; pero aún más claro cuando sostiene que el derecho que le asiste al adoptado es buscar restablecer aquello que ha perdido y es natural a su calidad de niña, niño o adolescente, que es un padre y una madre.   Si lo que busco es reestablecer esa relación de padre y madre; por obvia consecuencia la posibilidad de que personas del mismo sexo pretendan adoptar, resulta inviable; pues aún en la eventualidad de que se sostenga que uno u otro asumirá la actitud de padre o madre.  El razonamiento no es quien pudiese o no asumir una u otra conducta, sino quien naturalmente es padre y quien es madre por la vía de la adopción.  Lo que guarda también plena concordancia con el segundo parágrafo del artículo 80 del Código Niño, Niña y Adolescente, en sentido de que el objeto de crear la institución jurídica de la adopción se ha realizado en función del interés superior del niño, niña o adolescente.

Sucre, 28 de junio del 2019