DIGITALIZACION DE ACTUACIONES JUDICIALES

Por: Armando Cardozo Saravia

En un mundo donde la tecnología, la información y la comunicación, se ha desarrollado de manera acelerada y aún se encuentra en proceso de expansión a todos los espacios del quehacer humano; la sociedad boliviana no puede mantenerse al margen y asilada, y pese a que en muchos ámbitos han incorporado tecnologías que facilitan el accionar de entidades públicas como privadas, sin embargo quedan múltiples acciones a emprender.

Por mandato del artículo 103 parágrafo segundo de la norma constitucional, el Estado está obligado a incorporar en las instituciones a su cargo y en sus procesos administrativos la aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación, no solo por necesidades internas, sino además por la necesidad de incorporarse a la comunidad internacional, en condiciones y capacidades competitivas.  Siendo uno de los pasos dados en esa dirección la aprobación y puesta en vigencia de la Ley 1080 de julio del año 2018, que está orientada a que el ciudadano ejerza a plenitud lo que se ha denominado la “ciudadanía digital”, es decir que sin precisar acudir personal y físicamente a las entidades estatales, pudiese el ciudadano no solo efectuar consultas con el conjunto de las entidades estatales, sino que además pueda realizar trámites y la presentación de solicitudes que se puedan absolver y resolver por vía digital.

El Órgano Judicial y el conjunto del Sistema de Administración de Justicia no puede ni debe quedar al margen de esta necesidad de la sociedad y menos de cumplir con el mandato constitucional ya mencionado.  De hecho, el artículo 12 parágrafo segundo del Código Procesal Constitucional, ya prevé que el Tribunal Constitucional “…hará conocer a las partes en calidad de información el día de la notificación, en la cuenta personal de correo electrónico, el contenido de las sentencias, autos y Declaraciones Constitucionales, mediante sistema electrónico.” (Ley 254).

El Tribunal Supremo de Justicia ha implementado dos sistemas informáticos que permiten las notificaciones a las partes con todas las actuaciones procesales, así como dispone de un programa que permite la presentación de memoriales y otros documentos cuando por razones de vencimiento de plazo o días feriados las partes quisieran presentar tales documentos.

Todo ello guarda concordancia y coherencia con la expresa disposición del inciso 2 del artículo 72 del Código Procesal Civil que señala: “Las partes, las abogadas, o los abogados, también podrán comunicar a la autoridad judicial el hecho de disponer medios electrónicos, telemáticos o de infotelecomunicación, como domicilio procesal, a los fines de recibir notificaciones y emplazamientos.”

Es decir que existe reserva legal expresa que permite las notificaciones por medios digitales a las partes; sin embargo de esta clara normativa que en materia procesal constitucional data del 2012 y en el caso de materia procesal civil data del 2013, sin embargo hasta la fecha el uso de ese mecanismo de notificaciones no se implementa y parece no existir voluntad de sus autoridades y menos voluntad institucional de implementar los mecanismos adecuados para el cumplimiento de una actuación procesal fundamental, que es poner en conocimiento de las partes las actuaciones del proceso.

Debía considerarse que el hecho de no asumir con verdadera responsabilidad la implementación efectiva y real de estas disposiciones legal, representa al Sistema de Administración de Justicia el generar mora procesal, puesto que las notificaciones no se hacen en tiempo oportuno; suponen el inadecuado uso de recursos humanos, en tanto en la actualidad existen un sin número de funcionarios circulando por las calles para efectuar notificaciones, cuando bien pudiesen estar desempañando sus tareas en el despacho judicial; pero además representa un insulso desperdicio de papel con el que se cumplen estas diligencias, puesto que de hacerlo por vía digital, sería suficiente proceder al llamado scaneo de documentos y resoluciones judiciales, para su remisión por vía digital.

Esperemos que las autoridades judiciales en las instancias que correspondan asuman su verdadera responsabilidad y con verdadera voluntad institucional y personal, implementen el sistema de notificaciones digitales, para así contribuir a cumplir con otro mandato constitucional y uno de los principios fundamentales de la justicia, como es la celeridad procesal.

 

Sucre, 26 de junio del 2019