LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 7 DE FEBRERO DEL 2009 EL REFERÉNDUM DEL 21 DE FEBRERO DE 2016 – LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0084 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y LA LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

A partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero del 2009, el Movimiento al Socialismo (MAS), ha sometido al país por una serie de actuaciones, todas destinadas claramente a buscar vulnerar la Constitución que ellos mismos aprobaron, con el único objetivo de buscar por cuarta vez y en forma consecutiva, primero habilitar a los Señores Evaristo Morales Ayma y Alvaro García Linera como candidatos presidencial y vicepresidencial del Movimiento al Socialismo, y posteriormente lograr la elección de ellos.

El marco constitucional vigente a partir del 7 de febrero del 2009: El artículo 168 establece que el mandato del presidente y vicepresidente se ejerce por un periodo de 5 años, con posibilidad de ser reelegidos …” por una sola vez de manera continua”.

El artículo 410 dispone que todas las personas y órganos públicos están sometidos a la Constitución Política del Estado porque es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa.

Pero reconoce en el artículo 7° que en el pueblo boliviano reside la soberanía, que se puede ejercer de manera directa o representativa; y en concordancia con dicha norma está el artículo 11 inciso II que describe la forma en que puede, el ciudadano ejercer este su derecho de participación directa, entre las que se cita el referendo. 

A su vez el artículo 411.I establece que la reforma a la Constitución – en tanto afecte a sus normas fundamentales, que es el caso que analizamos – tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente activada por la voluntad popular mediante el referendo, no solo para el funcionamiento de esta Asamblea, sino que además requerirá sea reforma total o reforma parcial de un otro referendo aprobatorio de los resultados que provengan de esa Asamblea Constituyente. 

En el convencimiento de aun contaba con el respaldo de la ciudadanía, el Movimiento al Socialismo, a través de la Asamblea Legislativa promueve el referendo celebrado el 21 de febrero del 2016, conocido como 21F consultó al ciudadano la posibilidad de modificar el artículo 168 Constitucional, para permitir que el Señor Evo Morales Ayma y Alvaro Garcia Linera pudiesen ser reelegidos de forma continua e indefinida.  Los resultados de aquella consulta establecieron que más del 51 % de la ciudadanía voto por el NO a la reforma constitucional y el no a la elección indefinida de los actuales mandatarios. 

En otros términos, la Constitución Política del Estado aprobada y vigente desde el 7 de febrero del 2009, sin posibilidad de reforma alguna, mantiene su plena vigencia y de manera específica queda ratificado el contenido y alcances del artículo 168, es decir: El período presidencial es de cinco (5) años y pueden ser reelectos “… por una sola vez de manera continua.”

Ello nos permite además afirmar que el mandato del 2015-2020 que es el tercer mandato de manera continua de Evaristo Morales, es in mandato ilegítimo e inconstitucional; inventado por un Tribunal Constitucional que obsecuente con el Ejecutivo, se inventó que la República de Bolivia y el Estado Plurinacional de Bolivia eran dos entidades diferentes y que por lo tanto el segundo mandato se computaba en vigencia de éste último.  Cuando todos sabemos que la modificación en la nominación del Estado no ha significado la creación de un nuevo Estado, así lo reconoce el artículo 11 de la Constitución Política del 2009.  Es la misma República, a la que se le ha añadido la palabra “plurinacional”.

La vía de la acción constitucional, para obtener la habilitación por un cuarto período presidencia al Señor Evo Morales Ayma y Alvaro García Linera:

Sin embargo, la obsecuencia con el Jefe partidario y sin duda la propia decisión partidaria induce a un grupo de parlamentarios, a que formulen una acción constitucional ante el Tribunal Constitucional, lo que se concreta el 18 de septiembre del 2017 cuando formalmente se presenta la acción abstracta de inconstitucionalidad contra los artículos 52, 64, 65, 71 y 72 de la Ley Régimen Electoral (026) porque sostienen que vulneran el artículo 26 de la Constitución Política del Estado, porque en su razonamiento vulnera los artículos 1° y 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Constitución Política del Estado.

Marco Constitucional y Legal de la acción abstracta de inconstitucionalidad:

Aun cuando parezca reiterativo, pero creemos pertinente tener presente que por mandato del artículo 410.I de la Constitución Política del Estado, todas las personas sean estas naturales o jurídicas, así como los órganos públicos se encuentran sometidos a la Constitución, porque es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frete a cualquier otra disposición normativa.

Los artículos 196 a 204 de la misma Constitución establecen que es el Tribunal, su composición y cuáles son las funciones y atribuciones del Tribunal Constitucional estableciendo en el último de los artículos citados que habrá una Ley que regule sus procedimientos, que no es otra que la Ley 254 que aprobó el Código Procesal Constitucional.

El artículo 196.I constitucional señala que este Tribunal debe velar por la supremacía de la Constitución; y en el numeral II de ese mismo artículo establece que en su función interpretativa, el Tribunal aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente; lo que además es concordante con el propio artículo 2 del Código Procesal Constitucional y el Principio N° 1 del artículo 3 del mismo Código Procesal Constitucional.

En otros términos, el Tribunal Constitucional cuya función esencial es preservar la vigencia y respeto de la Constitución, no puede ni podía emitir un fallo que modifique o altere la Constitución Política en vigencia.  Esto sucede en Bolivia y en cualquier país en el mundo; es por ello mismo que cuando se remite al Congreso Nacional o Asamblea Legislativa, un Tratado para su ratificación o rechazo, la primera y básica labor es verificar si dicho Tratado es vulnera o no la Constitución Política, así lo establece el numeral 9) del artículo 202 de la Constitución cuando habla de las atribuciones de éste Tribunal, que además es plenamente concordante con los artículos 74 y 104 del Código Procesal Constitucional.

Por todo lo señalado podemos afirmar que, a la presentación de la Acción de Inconstitucionalidad abstracta, por parte de los Parlamentarios del partido de gobierno, en tanto pretendía modificar o dejar de aplicar un artículo de la Constitución, debió ser rechazada ad-límine por el Tribunal Constitucional.  Puesto que ese Tribunal carecía y carece de competencia y atribución para modificar o dejar de aplicar ninguno de los artículos de la Constitución Política vigente; ya que su función esencial es por el contrario el preservar su vigencia y aplicación en su integridad.  Como ya hemos señalado líneas arriba por expreso mandato de los artículos 196.II de la misma Constitución, así como el 2° y 3° numeral 1) del Código Procesal Constitucional, no podían conocer y menos resolver una acción que pretendía modificar o suspender la aplicación del artículo 168 Constitucional.

La inconstitucional de la Sentencia N° 0084/2017 de 28 de noviembre del 2017: El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, lejos de rechazar in-límine la acción constitucional, la admite y luego un trámite con celeridad, poco común en el Tribunal, finalmente emite un fallo que amerita ser analizado:

Conforme al formato asumido por el Tribunal Constitucional hace una relación de los “Antecedentes de Relevancia Jurídica” y en ese apartado se refiere de manera sintética a la acción planteada, hace referencia a la decisión de admitir la acción y al cumplimiento de las formalidades de las citaciones a los accionantes como a las autoridades contra quienes está dirigida la acción.

El presidente del Senado como autoridad contra quien se dirige la acción, lejos de hacer una defensa de la vigencia y supremacía de la Constitución Política del Estado, a título de alegaciones lo que hace en el fondo es allanarse al planteamiento formulado por los accionantes.

La Sentencia N° 008472017 en el Título II, bajo el nomen juris de “Conclusiones”, realiza 1° un detalle de las normas legales acusadas de inconstitucionales y en el numeral 2° hace una relación de los artículos de la Constitución Política del Estado que se pide su inaplicabilidad, es decir los artículos 156,168, 285 y 288.  Resulta pertinente señalar que si el Tribunal Constitucional resuelve declarar inaplicable cualquiera de los artículos o un solo de ellos, ello importa dejar sin efecto dicha norma constitucional y en definitiva modificar la Constitución Política del Esto, en el fondo y en lo sustancial eso es lo que no puede hacer el Tribunal; extremo que no tuvieron en consideración los magistrados del Tribunal o que obsecuentes con el nivel de sumisión y dependencia que tienen al Órgano Ejecutivo y Legislativo, decidieron pasar por alto e ignorar que carecían de competencia para pronunciarse al respecto.

El Tribunal califica vulneración del artículo 13, lo que no es evidente porque los Tratados sobre Derechos Humanos si bien tienen un desarrollo progresivo y por ello mismo tienen rango constitucional por el mandato del bloque de constitucionalidad previsto en el parágrafo segundo del artículo 410 constitucional.   Pero cabe recalcar que por mucho que sean derechos humanos ellos no están por encima de la constitución y la norma antes citada así como el artículo 156 constitucional solo hacen referencia a una los Derechos Humanos posee una interpretación preferente de la norma, pero jamás a una interpretación por encima de la Constitución porque el Tribunal debe precautelar la vigencia y supremacía de la Constitución Política del Estado, a que hace referencia y expresamente el mismo artículo 410 en su parágrafo primero, que debe ser el marco constitucional para entender la integridad de dicho artículo.

Sostiene el Tribunal que también existe infracción al artículo 26 en tanto se estaría coartando la libre participación en la formación del poder político; y erradamente cita al artículo 28 referido a los casos de suspensión del ejercicio de los derechos políticos.

Lo que no tuvo presente el Tribunal Constitucional en el fallo 0084/2017 o no tuvo presente porque debía cumplir con las instrucciones del Ejecutivo y Legislativo: Que a los Señor Evo Morales Aima y Alvaro Garcia Linera, jamás se les privó de participar libremente en elecciones o participar en la conformación del poder político; tan evidente es aquello que en clara infracción del artículo 168 constitucional, concurrieron como electores y elegidos, ejerciendo plenamente este su derecho no solamente dos veces, sino que además en forma ilegítima se hicieron elegir por tercera vez.

Partiendo de ese hecho incuestionable el Tribunal, al citar erróneamente el artículo 28 constitucional, importa que está presumiendo una suspensión de derechos políticos, lo que no es evidente, como hemos detallado en el párrafo anterior, pero además la previsión del artículo 168, no suspende derechos políticos solo hace una restricción para la elección en forma continua.  Es decir, no existe una pérdida de los derechos políticos, pues tanto el Presidente como el Vicepresidente tienen derecho a participar en elecciones en calidad de electores y sólo se restringe a la aptitud de ser elegidos estando en ejercicio del Poder Político, pues deberán esperar cuando menos un mandato.  Ello en resguardo de la alternancia en el mandato que es una característica fundamental del sistema democrático, pues caso contrario estaríamos frente a una monarquía o un régimen absolutista y totalitario, que se hace elegir de manera continua en forma indefinida.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 1° que citan los miembros del Tribunal en la Sentencia, se limita a transcribirla, pero los magistrados no tuvieron la capacidad de valorar y comprender los alcances de dicha norma en el ámbito de sus competencias.

Es importante considerar que el reconocimiento de los Derechos Humanos tiene como destinatario al ciudadano, frente a los abusos de los Servidores del Estado en el ejercicio del Poder Político del Estado, así como en las relaciones entre ciudadanos.  En otros términos, los Señores Evaristo Morales Aima y Alvaro García Linera, al momento de pronunciarse el fallo, estando en el ejercicio del Poder Político, las normas de la Convención no le son aplicables, porque el propósito es proteger al destinatario de los derechos y garantías, la persona humana frente al Poder Estatal o de otra persona.

“Los sistemas internacionales o regionales de protección de los derechos humanos, tienen un carácter subsidiario a los sistemas nacionales, es decir, actúan como última ratio cuando los Estados han fallado en brindar la protección debida a los derechos de las personas.” Señalan Cristian Steiner y Patricia Uribe, en la Introducción General en el análisis y comentarios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, publicada por la Konrad Adenauer (junio -2014).  Así lo señala de manera expresa el artículo 1° del Pacto de San José, cuando establece la obligación del Estado de proteger los derechos y garantías de las Personas.

De la revisión de los artículos 23 y 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal no ha considerado que dichas normas se refieren a los derechos de quien ejerce la ciudadanía.  Evaristo Morales Aima y Alvaro García Linera está en ejercicio del Poder Político, están en situación de privilegio pues ejercen el Poder del Estado frente al ciudadano, por lo que la Convención no les es aplicable.

Título III.- Análisis y Fundamentos de los Magistrados del Tribunal Constitucional:  Inician reconociendo que los constituyentes le han conferido al Tribunal Constitucional de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado y que puede conocer de la inconstitucionalidad de la norma contraria a la Norma Suprema.  Pero no tiene facultades para conocer la constitucionalidad de la Constitución Política del Estado, por el sencillo hecho de que es la Norma Suprema.

El Tribunal en el segundo (2) acápite dice que los Derechos Humanos en los últimos tiempos ha marcado e influido en los ordenamientos jurídicos de muchos de los Estados.  Dicha afirmación no modifica el entendimiento porque los artículos 23 y 26 datan de 1969 cuando se suscribe el Pacto de San José, por lo que mal puede decir que en los últimos años haya modificado la Constitución Política del Estado aprobada 40 años después, que como toda Constitución Americana reconoce la supremacía como norma suprema de un Estado.

Es cierto también, como sostiene el Tribunal que las normas internacionales sobre derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, tienen rango constitucional, pero ello no significa que estén sobre la Constitución y el artículo 256 constitucional hace referencia a la aplicación preferente de los derechos humanos; pero no existe norma de Derechos Humanos y menos Constitucional que permita derogar normas de la Constitución Política del Estado, y cuando el Tribunal resuelve que son inaplicables los artículo constitucionales ya mencionados líneas arriba, está introduciendo una derogatoria de dichas normas, lo que sin duda es una modificación de la Constitución Política del Estado. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional del Estado, sí deja sin efecto las normas de la Ley Electoral, está actuando en ejercicio de sus atribuciones; pero lo que no puede es dejar de aplicar la Norma Suprema, la Constitución Política del Estado.  Para justificar su razonamiento, cita jurisprudencia constitucional – que no es válida para el caso, pues las citas de jurisprudencia se refieren al control de convencionalidad respecto de Leyes, que reiteramos si es su atribución, pero dejar inaplicable la propia Constitución Política del Estado eso no lo puede hacer, carece de toda competencia.

Luego el fallo contiene una larga elucubración de los alcances de “dejar sin efecto” o “declarar inaplicable”, para justificarse el propio Tribunal, sin considerar que dejando sin efecto o declarando inaplicable, cualquiera de esas expresiones lo que en definitiva se está haciendo respecto de la Constitución es modificarla, introducir una reforma.  En el acápite 3° también hace una exposición sobre el carácter principista y moral de las normas constitucionales; olvidando que la propia Constitución establece que sus normas son derecho positivo y de aplicación inmediata, a menos que requieran de una reglamentación específica.

Como se puede apreciar de una rápida revisión de la Sentencia 0084/2017, es que los magistrados del Tribunal Constitucional que intervinieron en la redacción y pronunciamiento de la Sentencia; hicieron un extenso fallo, con Setenta y nueve (79) fojas, en las que luego de largas disquisiciones sobre determinados conceptos, tiene la habilidad de enredar la comprensión de un ciudadano que no entienda del ordenamiento jurídico nacional; para en definitiva asumir una competencia o atribución que ni la Constitución Política del Estado y mucho menos el Código Procesal Constitucional les confiere, y es la de modificar, derogar o declarar inaplicable la propia Constitución Política del Estado, puesto que ello implica prevaricato en aplicación estricta del artículo 410 constitucional que establece que la Norma Suprema del Estado Plurinacional de Bolivia es la Constitución Política del Estado.

Finalmente resulta pertinente hacer notar que el artículo 26.I constitucional, establece que los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control político, directamente o por medio de sus representantes.  Ese ejercicio directo se realizó a través del Referéndum del 21 de febrero del 2016, y el 51% de la población soberana dijo: NO, cronológicamenteesta es la primera obligación de cumplimiento obligatorio y vinculante para todos los bolivianos

El hecho de que más de un año después se hubiese planteado la acción de inconstitucionalidad por parlamentarios del partido gobernante, y que el Tribunal como ya hemos analizado haya pronunciado una sentencia nula de pleno derecho, en tanto su decisión se sale del marco de las normas constitucionales; de ninguna manera esa resolución jurisdiccional de seis servidores públicos, puede estar por encima de la voluntad del 51% de la ciudadanía, como antijurídica resulta una decisión que pretende inaplicar normas constitucionales.

Sucre, 27 de septiembre de 2018

El PREMIO A LA SERVIDUMBRE PERSONAL

El diccionario de la Real Academia Española señala que la servidumbre personal es: “Sujeción causada por las pasiones o afectos que coarta la libertad del individuo”. En otros diccionarios señalan que: “La servidumbre personal (del latín servus) es una forma de contrato social y jurídico típica del feudalismo mediante la que una persona —el siervo, generalmente un campesino— queda al servicio y sujeta al Señorío de otra —el señor feudal, …”; vinculando esta definición a su origen histórico, pero con matices las definiciones resultan coincidentes en la forma como debe entenderse la servidumbre personal, caracterizada en su origen como una expresión feudal y en la actualidad, entendiendo como una conducta de la persona que guiada por una pasión o por afectos viendo así coartada la libertad de pensamiento de la persona.

El 28 de enero del 2018 en entrevista realizada por Página Siete al presidente del Senado, José Alberto (Gringo) Gonzales, éste hace un reconocimiento expreso respecto de su conducta como presidente del Senado y de los demás integrantes del Legislativo: “Nos hemos acostumbrado a que nos instruyan qué hacer” y más adelante revela su molestia con algunos miembros del Ejecutivo que dan instrucciones a la Asamblea.

Semejante declaración resulta gravísima, y seguramente en otras latitudes al haberse hecho pública, la ciudadanía habría reaccionado y dado origen al cambio de las presidencias de las Cámaras Legislativas.  Porque una afirmación de esa naturaleza devela una vulneración a la independencia de poderes y afecta al régimen democrático representativo vigente.  Lamentablemente el abuso de poder y atropello por parte del Ejecutivo sobre los otros Órganos del Estado, en Bolivia se admite como natural por los propios servidores públicos, y no existe para el ciudadano mecanismo alguno para modificar ese tipo de comportamiento en el Legislativo o en los otros Órganos del Estado que mantienen similar grado de sometimiento, con respecto al Ejecutivo.  Recordemos al presidente del Tribunal Supremo cuando también en forma pública declaraba sus afectos y pasiones hacia el presidente del Ejecutivo, o los recientemente elegidos magistrados, seleccionados en el legislativo, que seguramente como reconoce José Alberto Gonzales fueron seleccionados por instrucciones del Ejecutivo, y conformando una nómina en su mayoría ex funcionarios del propio ejecutivo, ya acostumbrados a mantener una conducta de servidumbre personal.

Las instituciones quedan y las personas pasan, es la afirmación frecuente, en un sistema democrático; pero no menos cierto es que son las personas que con su conducta y su comportamiento ético dignifican una función sea privada o pública en una sociedad.

El Señor Gonzales y la Señora Gabriela Montaño al asumir sus funciones como asambleísta y luego como presidentes del Senado y Diputados no juraron por su creencia religiosa, sino con su mano izquierda en alto, se comprometieron a respetar y hacer cumplir la Constitución Política del Estado.  Ese compromiso, no es una mera formalidad, sino un mandato que la Constitución Política del Estado en el numeral 1° del artículo 108, impone a todo ciudadano y más aun a los servidores públicos, para que cumplan y hagan cumplir la Constitución y las Leyes; y nadie puede alegar ignorancia de ellas.

La molestia revelada por el presidente del Senado respecto de las instrucciones que reciben del Ejecutivo, no paso de ser una declaración formal ante la prensa.  Puesto que días después cuando se eligieron a las autoridades del Legislativo; el Señor Gonzales junto a la Señora Gabriela Montaño olvidaron su molestia y su dignidad personal, seguramente guiados por su pasión y afecto al Señor Feudal que instruyo se los premie con la reelección como presidentes del Senado y Diputados, optaron por recibir el premio antes que defender su dignidad personal.

No olvidemos que por esas instrucciones a las que estaban acostumbrados se les asigno la tarea de ser los defensores del Código del Sistema Penal, que en su momento la Señora Gabriela Montaño con firmeza sostuvo que no permitirían la abrogación de la Ley 1005 y posteriormente fueron abandonados por el presidente del Ejecutivo quien en nota oficial les instruye la abrogación de la ley.  Dichos personajes como muestra de su sometimiento, en menos de setenta dos horas cumplen con la voluntad del Ejecutivo; es decir pesaron más sus pasiones y afectos, antes que su convicción de que el Código era la panacea para el país, que tanto defendieron en meses anteriores.

Los presidentes de Senado y Diputados, al asumir tan altas funciones en el Legislativo, si leyeren la Constitución Política del Estado, por lo visto no la entendieron, porque el artículo 12 constitucional es claro cuando señala que los Órganos del Estado son independientes; si ellos recibían y reciben instructivos de lo que deben hacer desde el Ejecutivo, obviamente que vulneran la obligación de respetar la Constitución; desconocen su derecho a la libertad de pensamiento consagrado en el numeral 3 del artículo 21 de la Constitución.  Si alguna vez leyeron la Segunda Parte de la Constitución de los artículos 145 al 164 de la Constitución Política del Estado, no la entendieron, porque allí están claramente especificadas cuales son sus funciones como cabezas y miembros de la Asamblea Legislativa; que están obligados a cumplir por mandato del artículo 108 de la Ley Fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia; pero prefieren acatar las instructivas del Ejecutivo, en franca vulneración de la Constitución.

En los hechos las labores de la Asamblea en la presente legislatura empiezan después de las fiestas de Carnaval.  Lo que me pregunto es: ¿Con que cara? podrán los reelectos presidentes de la Cámaras salir a la palestra y sostener que este Gobierno selecciona y premia a las mejores capacidades, si ellos mismos son ejemplo de su propia incapacidad de comprensión de la Constitución y entender de sus funciones; sí son ellos mismos el ejemplo evidente de que en este Gobierno lo que se premia es el servilismo y el sometimiento a la voluntad y los caprichos del presidente del órgano ejecutivo.  ¿Con que cara? Saldrán a la palestra e insistirán que ha existido una revolución del cambio en estos doce años y se han superado las conductas colonialistas que tanta fobia les causa, si ellos en lo personal actúan en clara obediencia del Señor Feudal, el presidente del Ejecutivo, que instruye lo que deben hacer los otros órganos del Estado, destruyendo la institucionalidad democrática, desconociendo la separación e independencia de los órganos del Estado.  Estas son las razones entre muchas otras por las cuales el ciudadano boliviano le dijo al presidente del ejecutivo, ¡NO! a su reelección indefinida, ya basta de tanto atropello.     

Sucre, 8 de febrero de 2018

CONFIANZA DE UN FALLO FAVORABLE PARA BOLIVIA

El Ministro de Justicia, Héctor Arce y el Canciller Huanacuni manifestaron el día lunes (Pagina Siete -digital- 29-1-2018) su “confianza en un fallo favorable” en la Corte Internacional de La Haya, luego de una reunión con el equipo jurídico en el que se analizaron los alegatos que expondrán en las audiencias orales que empezarán el 19 de marzo próximo.

Lo que, sin duda, era una declaración que se esperaba de las autoridades bolivianas, como en su turno y en el mismo sentido declararon las autoridades chilenas, respecto de su propia visión.  Nadie concurre a la defensa de sus intereses ante un Tribunal con la idea de perder.

Pensemos por un instante que el fallo de la Corte Internacional de Justicia, nos es favorable y por lo tanto ese Tribunal dispone que Chile debe iniciar negociaciones con Bolivia, para otorgarle un acceso soberano al Pacífico.  ¿Ya sabe cómo y qué negociará?

La presidente Bachelet y el presidente electo Piñeira, éste último que se habrá posesionado días antes de las audiencias fijadas por la Corte Internacional de Justicia, coinciden en afirmar que asumirán la defensa de su soberanía territorial; lo que en realidad no es coincidencia, es una definición de Estado que no se ha modificado en Chile, y que fue el freno para que el llamado “Abrazo de Charaña” de la década de los 70´s tuviese posibilidades de éxito, porque la solución entonces pasaba por la posibilidad de un canje territorial.

Cuarenta años después y con un fallo favorable para Bolivia, por parte del Tribunal Internacional, con sede en La Haya; es de presumir que las negociaciones se iniciarán sobre la base de un canje territorial y no de una cesión territorial por parte de Chile que sigue en la posición que el Tratado de 1904 es válido y ésta vigente, en aplicación del principio de “Pacta sunt servanda”.  Bolivia por su parte en la demanda y para hacerla viable, también declaro la validez y vigencia del Tratado de 1904 y además declaro que no se pedía su revisión, haciendo descansar el fundamento de la demanda en el cumplimiento de la oferta de buscar una solución al problema marítimo boliviano y su enclaustramiento.

Si ello es así, ¿Bolivia está dispuesto a realizar un canje territorial equivalente al que Chile transfiera a Bolivia? Tendrá que ser un territorio que colinde con la frontera con el Perú, puesto que no resulta ni estratégico y mucho menos lógico pensar que Chile admita dividir su territorio en dos, por lo que si miramos el mapa, para mantener la continuidad territorial de Chile y Bolivia, sin duda será un corredor en la frontera con el Perú y Bolivia tendrá que pensar en compensar con una franja territorial que comprendan Oruro y Potosí, no del Departamento de La Paz, pues debemos entender que esa zona será la que nos vincule con el territorio que nos de acceso al Pacífico y esas negociaciones deberán concluir con la suscripción de un Tratado, que además debe contar con la aceptación por parte del Perú en aplicación del Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 1929.

De conformidad con el numeral II del artículo 257 de la Constitución Política del Estado: Los tratados internacionales requerirán de aprobación mediante referendo popular vinculante previo a la ratificación que impliquen cuestiones limítrofes. 

Como se podrá apreciar de ser favorable a Bolivia en fallo de la Corte Internacional de Justicia, la negociación con Chile no será suficiente, habrá que negociar necesariamente y en forma complementaria con el Perú; pero además la ciudadanía boliviana estará dispuesta a entregar en calidad de canje territorial ¿Una porción equivalente de los territorios de Oruro y Potosí?

El Perú cuando fue consultado respecto del canje territorial entre Bolivia y Chile, en la década de los 70´s ya manifestó su desacuerdo y propuso la alternativa de crear una zona de soberanía compartida tripartita; ¿Mantendrá esa posición?  De ser así, ¿Qué alternativas propondrá Bolivia?  En materia territorial el Estado Boliviano debe tener claro que el territorio se negocia con territorio; no resulta ni creíble, si el Perú en 1929 no admitió la cesión a terceros de lo que fue en su momento territorio peruano, hoy admita la posibilidad de canjear territorio por bienes fungibles como pudiese ser gas – que hoy no los precisa – menos que admita un pago por territorio, que Bolivia tampoco está en condiciones de hacerlo.

Con referencia a la necesidad de un referéndum popular en Bolivia previo a la ratificación de un Tratado fruto de las negociaciones con Chile.  Los bolivianos estamos dispuestos al canje territorial; el Gobierno no ha realizado ninguna acción orientada a generar una voluntad positiva al canje territorial.  Si, los resultados de dicho referéndum fuesen negativos, el Gobierno de Evo Morales está dispuesto a respetarlo o hará exactamente que, en el caso del referéndum del 21 de febrero del 2016, ¿ignorarlo y pasar por encima de la voluntad soberana de la ciudadanía?

En el Tratado de 1904 solo se menciona el territorio continental perdido por Bolivia, y no menciona nada del mar territorial que es un derecho reconocido con posterioridad en los Tratados de La Habana, medio siglo despues sobre Derecho Marítimo de los Estado.  El canje territorial supondrá ¿el reconocimiento sobre la superficie marítima hoy bajo soberanía chilena? ¿Ese no será un tema de la negociación? Cómo podrá apreciarse, existen aún muchos elementos que considerar en el proceso de la negociación que el Gobierno Boliviano no ha aclarado.  Es evidente también que por razones de estrategia y de manejo diplomático muchos de estos aspectos deben permanecer en prudente reserva.  Pero creemos que no es aconsejable a ésta altura del proceso judicial iniciado por Bolivia, efectuar declaraciones triunfalistas; porque de ser favorable el fallo a Bolivia, recién empieza el largo camino de una negociación, que puede culminar en nada.  Si vencido el tiempo que otorgue el Tribunal de La Haya, Chile explica al Tribunal haber hecho la propuesta formal de canje territorial que no ha sido admitida por el Perú o de la que la ciudadanía boliviana no admitió en referéndum popular conforme exige la Constitución Boliviana en su artículo 257 numeral II.  ¿Qué podría decidir el Tribunal de La Haya, respecto del fallo original?

Son algunos de los aspectos que no quedan claros y sobre los cuales el Gobierno y la ciudadanía boliviana tiene que empezar a reflexionar, así como de otros aspectos colaterales sobre los que también debe meditarse con la mayor serenidad, porque hacen a nuestra integridad como Estado. 

Sucre, 31 de enero de 2018

EL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL BOLIVIANO

                                                           Su Abrogación y la elaboración de un nuevo proyecto

El 14 de diciembre del 2017 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 1005, elaborada entre personas que carecían de conocimientos jurídicos y con el apoyo de juristas extranjeros, como si se tratase de resoluciones sindicales entre afines al Gobierno.

Para todos es de conocimiento que una vez iniciados los reclamos y objeciones a la Ley 1005, por parte de los profesionales médicos y analizada por otros sectores se evidenció las enormes deficiencias de la Ley 1005, lo que provocó movilizaciones que, al cabo de 47 días, culminó con el anunció del Órgano Ejecutivo de abrogación de la Ley.  El Legislativo en una muestra más de su nivel de sumisión al Ejecutivo, acató su voluntad y el día de ayer 23 de enero del 2018, la Cámara de Diputados aprobó la abrogación de la Ley 1005, y se estima que la también sumisa Cámara de Senadores acatará la voluntad Presidencial.

Ya no corresponde un análisis de la Ley que en las próximas 48 horas será expulsada del ordenamiento jurídico nacional; lo preocupante es el anuncio hecho por diputados en sentido de que en febrero se empezará nuevamente su revisión.  Aun con la experiencia vivida, no comprenden que las deficiencias del Código de Sistema Penal, no es un simple problema de redacción o de consultar en asambleas sectoriales, esperando que todos levanten la mano en señal de conformidad.

Un código es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas jurídicas, que en materia penal deben guardar coherencia e integrarse a una política criminal definida para el Estado.  Es decir, debe ser un compendio ordenado de la legislación aplicable a las necesidades de la Sociedad.  Debe eliminar redundancias, la ausencia de lagunas y la universalidad: esto es, que no existan normas vigentes fuera del compendio; porque será el marco en el cual el Estado ejerza su facultad sancionadora y los límites a los que debe someterse. Este cuerpo normativo debe armonizarse con los principios y la normativa constitucional vigente, y respetando todos los Tratados Internacionales que en materia de Derechos Humanos y en materia específicamente penal el Estado Boliviano se ha comprometido a respetar.  La estructura del Código, la sistematización de sus contenidos y alcances e incluso el orden y distribución exigen una capacidad legislativa de nivel profesional.  No puede ni debe ser el producto de los acuerdos y de levanta manos de los diferentes sectores afines al gobierno de turno, sino el resultado de una política criminal previamente definida y considerando las características de la realidad nacional.

Los Presidentes de Cámara de Senadores y Diputados, así como el Ministro de Justicia, alegaron que la elaboración Ley 1005 contó con el asesoramiento de profesionales penalistas de enorme prestigio internacional.  Seguramente y no ponemos en duda sus conocimientos y experiencia; pero fracasaron porque desconocían la realidad social y la capacidad institucional del Órgano Judicial, así como de sus limitaciones, menos el quehacer diario de la práctica judicial boliviana.

Si quieren empezar en febrero, nos parece sensacional, pero deben empezar por seleccionar un nuevo equipo técnico con expertos en todas las áreas penales, que analicen políticas de prevención que aporten al fenómeno penal; expertos en redacción e interpretación legislativa; definir la política criminal y que el equipo de profesionales con una misma visión y enfoque jurídico inicien y acaben el proyecto de manera que no resulte mañana una propuesta sin coherencia, unidad, debida sistematización y cuidando el respeto de todo el ordenamiento constitucional, y legal del país en armonía con los tratados internacionales.

Estructurar un equipo de trabajo, no es cuestión de sentarse en una mesa y hacer un listado de amigos a los que se les pretende dar una fuente laboral.  Esta debe ser un labor serena, meditada y buscando a los mejores, no a los serviles al gobierno de turno; se va a legislar para Bolivia, no para satisfacer los apetitos gubernamentales.  Es por ello que preocupa el anuncio simplista de abrogamos la Ley y pasado mañana empezamos una nueva revisión, si eso es lo que pretenden estarán nuevamente elaborando un disparate de Ley.

Esto debe además estar acompañado de un cronograma que fije tiempos y etapas hasta llegar a la fase de redacción de la nueva Ley y un periodo de difusión a cargo del mismo equipo, que permita recoger otros aportes, sugerencias o recomendaciones.  Pretender encomendarle la difusión a la Presidencia de las Cámaras que saben tanto de Derecho y específicamente de Derecho Penal, como saben de física nuclear.  El dicho popular es sabio cuando dice: “Zapatero a tus Zapatos”.

Una vez cumplido un cronograma de trabajo coherente, la Asamblea Legislativa debería aprobar en grande y en detalle analizando con el debido detenimiento, para eso los asambleístas tienen asesores o pueden contratarlos; pero repetir la farsa de aprobar más de 500 artículos en una noche, con el sistema de los levanta manos serviles y obsecuentes al Gobierno, lo único que aseguran es un nuevo fracaso, que lamentablemente tendrá que sufrir la ciudadanía, que es a quienes sirven las autoridades gubernamentales; lo que han olvidado por completo y aunque en todos los discursos se diga que: “defiende a los más necesitados”, sus actos ponen en evidencia que lo único que defienden son los intereses de un pequeño grupo que pretende no soltar las riendas del poder.    

Sucre, 25 de enero de 2018