Los Abogados Robot revolucionan los bufetes

Artículo tomado de "Economist & Jurist" de fecha 2 de agosto 2017

http://www.economistjurist.es/breaking/los-abogados-robot-revolucionan-los-bufetes/

Aunque la presencia de la inteligencia artificial en los bufetes es aún es muy tímida, ha llegado para quedarse. En este sentido, las firmas más potentes ya han encargado estudios internos para valorar su impacto o han dado sus primeros pasos para integrar estos programas, todo ello con el fin de aumentar la rentabilidad en una época en la que los honorarios se ajustan al máximo.

La llegada de la inteligencia artificial en los bufetes obliga a los abogados a darle otro enfoque a una profesión, en la que, en un futuro muy cercano, serán tan importantes los conocimientos técnicos como la capacidad de trabajar con estas nuevas herramientas, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial no es vista como una amenaza sino como un aliado no sólo para la gestión diaria interna sino también en las relaciones con sus clientes.

Sin embargo, todo esto implicara un complejo e incluso costoso proceso de adaptación del sector legal. Así, a la hora de contratar profesionales no sólo contarán sus conocimientos técnicos, sino también su capacidad de adaptación al cambio y sus conocimientos de programación, importante para el continuo desarrollo de la tecnología puesta al servicio de los abogados.

Entre las tareas que pueden delegarse en la inteligencia artificial, destaca el preparar documentación de procedimientos legales, mantener en orden archivos o buscar materiales relevantes, y más a largo plazo, identificar implicaciones de casos precedentes o arbitrar disputas entre las partes.

Cabe destacar, como ejemplo de lo anterior, un sistema desarrollado en colaboración con Deloitte, capaz de preparar los nuevos contratos a través de un análisis jurídico y un proceso de redacción automatizados, que permite que cada entidad adapte a las nuevas normas la documentación sobre el mantenimiento de garantías aplicable a sus contratos de una forma rápida y eficiente.

En cualquier caso, los grandes bufetes no son los únicos que se han puesto a trabajar en herramientas inteligentes. Un grupo de investigadores del University College London, la Universidad de Sheffield y la de Pennsylvania ha logrado predecir un 79% de las resoluciones alcanzadas en 584 asuntos de la Corte Europea de Derechos Humanos, mientras que investigadores de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona desarrollaron hace poco más de cinco años un algoritmo que es capaz de predecir las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos en un 83% de los casos.

 

La Dirección IP como prueba Judicial

Por lo interesante del artículo de Pedro de la Torre Rodriguez, transcribo in extenso el análisis de un fallo del Tribunal Supremo Español.

Peritaje informático: Como perito informático colegiado, hoy voy a comentarles distintos aspectos sobre la validez o no de la dirección IP como prueba judicial, lo que condiciona nuestra labor.

La dirección IP como prueba judicial

Antes que nada, les dejaré meridianamente claro qué es una dirección IP. La dirección IP es una etiqueta numérica que identifica la interfaz de conexión a una red de un dispositivo electrónico. Dicha IP puede ser dinámica, la cual cambia para un mismo dispositivo después de un tiempo dado, o estática, lo que significa que la dirección IP no cambia con el tiempo para un dispositivo dado.

Resolución absolutoria 987/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

Para examinar la validez de la IP como prueba judicial, todo perito informático deberá examinar la resolución absolutoria 987/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ante recurso 2429/2011, relativa a la condena penal ante un supuesto delito de estafa informática. Según la audiencia provincial de San Sebastián, se consideró probado:

“El día 3 de mayo de 2007, el acusado D. Arcadio se conectó a internet desde su domicilio, mediante la dirección IP NUM000, que le había sido asignada por su operador ONO. Así, y teniendo en su poder las claves bancarias, obtenidas de forma fraudulenta, correspondientes a la cuenta NUM001 de Banesto, titularidad de D. Fructuoso , ordenó una transferencia a nombre de esta persona y sin su consentimiento, a la cuenta NUM002 , que fue rechazada por el sistema de seguridad del banco afectado.- SEGUNDO.- Un minuto después, y desde la misma dirección IP, ordenó una segunda transferencia a la cuenta NUM003 , titularidad del acusado D. Carmelo , quien había ofrecido una cuenta bancaria específicamente abierta para estos hechos, a través de internet, con la finalidad de obtener lucro ilícito.- En este momento, los sistema de autenticación y seguridad de Banesto no detectaron el origen fraudulento de la orden, y la transferencia se realizó.- TERCERO.- El acusado D. Carmelo , recibió la transferencia, por valor de 3.363,43 euros, hizo efectivos en ventanilla 3.060 euros, en la sucursal de Banesto en la Plaza Mayor de Segovia, y los envió al extranjero mediante un servicio de envio postal de dinero. El acusado se quedó el resto del dinero en concepto de comisión, desconociéndose el destino definitivo del resto de la cantidad sustraída al denunciante.”

Presunción de inocencia:

<<1º.- En primer lugar, la doctrina constitucional y jurisprudencial ha incluido en el contenido de la presunción de inocencia la exigencia de validez en los medios de prueba que justifican la conclusión probatoria ratificando la imputación de la acusación.

Así pues, la convicción del Juzgador debe atenerse al método legalmente establecido para obtenerla, lo que ocurre si los medios de prueba pueden ser considerados válidos y el debate se somete a las condiciones de contradicción, igualdad y publicidad.

2º.- Que, con independencia de esa convicción subjetiva del juzgador, pueda asumirse objetivamente la veracidad de las afirmaciones de la imputación. Tal objetividad concurre cuando y sólo si:

a) puede afirmarse la inexistencia de vacío probatorio, porque se haya practicado medios de prueba que hayan aportado un contenido incriminador y

b) la revisión de la valoración hecha por el juzgador de instancia de tales medios y contenidos permite predicar de la acusación una veracidad que se justifique por adecuación al canon de coherencia lógica que excluya la mendacidad de la imputación, partiendo de proposiciones tenidas por una generalidad indiscutidamente por premisas correctas.

3º.- Y eso en relación a los elementos esenciales del delito, tanto objetivos como subjetivos, y, entre ellos, a la participación del acusado.

4º.- Aunque aquella objetividad no implique exigencia de que las conclusiones sean absolutamente incuestionables, sí que se estimará que no concurre cuando existen alternativas razonables a la hipótesis que justificó la condena. Y éstas concurren cuando, aún no acreditando sin más la falsedad de la imputación, las objeciones a ésta se fundan en motivos que para la generalidad susciten dudas razonables sobre la veracidad de la acusación, más allá de la inevitable mera posibilidad de dudar, nunca excluible.

Puede pues decirse, finalmente, que cuando existe una duda objetiva debe actuarse el efecto garantista de la presunción constitucional, con la subsiguiente absolución del acusado.

5º.- Cuando se trata de prueba indiciaria, la prueba directa no se traduce en tal caso en afirmaciones de tal carácter sobre la imputación, sino que establece otras premisas fácticas desde las cuales el juez puede, siguiendo cánones de lógica y experiencia, inferir la concurrencia de los elementos fácticos típicos. En tal caso merece una específica consideración la enervación de presunción de inocencia.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 128/2011 ha dicho al respecto que: a falta de prueba directa de cargo, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que:

1) el hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente probados;

2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados;

3) se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia, para lo que es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y, sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, “en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes”. Y concluye advirtiendo que, en el ámbito del amparo constitucional, sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia….cuando “la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada”>>

Uso fraudulento de una IP ajena

<<El debate se circunscribe a la suficiencia de la información obtenida para enervar la presunción constitucional de inocencia. Tampoco se discute la corrección de las conclusiones probatorias que llevan a establecer el hecho básico de que la IP del recurrente fue utilizada para la vía telemática usada para producir confusión en la entidad bancaria. Ni siquiera el hecho también básico de que el ordenador y la línea telefónica a la que se adjudicó la IP utilizada son de uso ordinario por el acusado.

Son las afirmaciones inferidas a partir de ahí las refutadas y ello por ilógicas y en exceso abierta. Todo ello a partir de la ostensible insuficiencia del trato retórico dado a la prueba pericial aportada. La sentencia omite todo análisis crítico de tal informe y lo desautoriza partiendo de un dato, tampoco discutido, que, sin embargo, hace poco razonable tal rechazo.

En efecto el propio informe advierte que su objetivo y alcance se reduce a poner en evidencia que la inferencia que vincula ser usuario de un ordenador y línea telefónica no lleva necesariamente a la conclusión de que ese usuario sea el autor de toda utilización telemática de esa infraestructura informática. Y tal desautorización se hace desde premisas acreditadas y cuya obtención no exige el examen del equipo informático.

En esencia el informe pone de manifiesto que, al tiempo en que los hechos tuvieron lugar el entorno usado era Windows XP Professional edición 32 bits, con antivirus de licencia gratuita y con conexión a través de modem (no router). Ello implicaba una información a internet de los puertos que estaban disponibles en el PC, lo que es un factor de vulnerabilidad cognoscible por otros usuarios de la red. De éstos un atacante malicioso puede aprovechar aquella vulnerabilidad para utilizar el equipo ajeno quedando su uso registrado como si fuera el auténtico titular el que utiliza la IP en esa manipulación del equipo, sin más condición que la de que el equipo del titular verdadero se encuentre encendido. Y ello sin que este titular pueda ni siquiera percatarse de ese uso malicioso y ajeno de su equipo.

El informe avala sus conclusiones con experiencias que relata y advierte de que ni siquiera tal posibilidad exige una muy cualificada formación en el invasor que incluso dispone de herramientas de ayuda en la misma red. Al respecto facilita un amplio elenco de links en que se puede obtener tutoriales paso a paso para hacerse con el control de otro ordenador.

La propia sentencia admite que este informe acredita la “posibilidad” de que ocurra tal ataque a un titular inocente>>

Conclusiones

Esta sentencia es muy esclarecedora respecto a la validez de una dirección IP como prueba judicial: por sí sola no le sirve a un perito informático para acreditar que un hecho delictivo fue cometido por una determinada persona, aún determinando que dicha dirección estaba asignada por el prestador de servicios de internet a esa persona en el momento de cometerse el supuesto hecho delictivo. La sentencia también da una enorme importancia al informe pericial y a la labor del perito informático que introdujo una duda razonable a las conclusiones condenatorias, lo que derivó en la absolución.

Por ello le recomiendo vivamente que, siempre que haya evidencias digitales de por medio, de cualquier clase, cuente con un perito informático colegiado. ¡Se lo digo por su bien!

Sucre, 10 de enero del 2017

 

 

LOS NUEVOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS

Posted By Luis Felipe Tenorio /jun 5, 2015 | *

El número anterior de Sloan Management Review trae una historia con un pequeño párrafo de implicaciones legales inmensas. Sloan es una revista de administración, no le preocupan temas jurídicos y ese párrafo nos deja a los abogados más preguntas que respuestas. Pero todas las preguntas apuntan a lo mismo: ¿cuánto tiempo más resistirán las forzadas analogías a partir de los códigos civil y de comercio?

El asunto es una planta de Porsche en Stuttgart acaba de convertirse en la primera planta que automatiza completamente el proceso de contratación en producción de planta. Léase bien: automatizar la planta ya no es ninguna noticia sino la red de suministro que mantiene a la planta en movimiento.

Porsche unificó a sus proveedores capaces de cumplir con sus especificaciones en un sólo espacio virtual. Una computadora vigila los inventarios y cuando caen por debajo de determinado nivel la máquina “habla” con las máquinas de los proveedores y verifica quién tiene las existencias requeridas, a qué precio y en qué plazo. Es más, si uno sólo de los proveedores no tiene toda la existencia, la máquina determina la mejor combinación precio/plazo, dependiendo de la variable más importante. La máquina envía una factura electrónica a la contabilidad del proveedor y, si es necesario, ordena al banco girar anticipo. La máquina del proveedor, a su vez, organiza la contabilidad interna y libra un mensaje a la transportadora para recoger la mercancía.

Todo sin un solo humano salvo en el contrato que arma la red y cuando se introducen los parámetros del sistema. El proveedor no está obligado a mantener un precio, lo puede cambiar a diario, porque el sistema al final del día funciona como una constante subasta.

Estamos hablando de un tipo de contrato nuevo, para el que ni nombre se me ocurre. Claro, uno puede llamarlo suministro, compraventa o hasta concesión, pero no es nada de eso. Se trata de un contrato que convierte a la compraventa, el transporte, los seguros en contratos subyacentes a un contrato de naturaleza tecnológica, que no es lo mismo que una compraventa hecha con tecnología. Desde aquí no está lejos el día en que haya factoring o swaps sin intervención humana, cuando las máquinas negocien en divisas y títulos valores y no en piezas industriales. Hasta donde yo sé, la vastedad de tal contrato no la iguala ni la franquicia de McDonald’s.

Considerando que hay profesores que se toman un semestre para perorar sobre el contrato de compraventa, resulta entendible que uno todavía oiga cosas como: “es una compraventa un poco más complicada”, “es sólo agregarle un paso al proceso” o, en último caso, “eso no va a pasar en Colombia en mucho tiempo”.

Colombia no será una potencia en tecnología de punta, pero tampoco vivimos en las cavernas y, sobre todo, las empresas multinacionales importan estas herramientas. Y, si no encuentran con quién trabajar en Colombia, buscan proveedores afuera porque la precisión de tiempo garantiza ahorros que superan los ahorros por cercanía, que de todas maneras con nuestra pobre infraestructura de transporte no son la gran cosa.

Cuando los abogados hablan de nuevas tecnologías se sienten de punta por tener una página web (como esta…) o presencia en Twitter o atender clientes por Skype. Pero el futuro de todas las profesiones, hasta del derecho no obstante nuestra soberbia, está en la confluencia con la tecnología y eso significa saber de protocolos IP, encriptación, redes etc.  “Que los ingenieros se encarguen y me den los insumos” equivale a decir “que el comprador me traiga las cláusulas”. Luego nos podemos desgañitar pidiendo que respeten el talento local y exigiendo cuotas locales de compra.

Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece el futuro que abre esta noticia una historia de ciencia ficción. Así debió construir el imperio la Estrella de la Muerte. Y en Colombia seguimos convencidos que un underwriting es un contrato súper sofisticado….

Luis Felipe Tenorio Delgado

Abogado Litigante y Consultor

Colombia  \ Derecho

Actual: UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI, Gutiérrez Valencia Abogados

Anterior: AIM Consulting Colombia, COOMEVA, Corporación para la Salud Visual - Corpovisual

Educación: Pontificia Universidad Javeriana


 

COMENTARIO: Cuando creemos que en Derecho todo ya está normado, comprendemos que la ciencia, la tecnología, la informática y la dinámica del desarrollo empresarial y comercial, aún nos deparan múltiples sorpresas.  Si el colega colombiano Luis Felipe Tenorio Delgado afirma; “eso no va a pasar en Colombia en mucho tiempo”, podríamos decir con mayor razón en el caso boliviano, pero si vemos nuestra realidad comprenderemos que existen muchas otras figuras contractuales de las cuales nuestra legislación está lejos de hallarse actualizada y las analogías cada vez más difíciles de aplicar.

Este ejemplo debería ser motivo de reflexión para analizar la necesidad de reformas en la legislación, en algunos casos eliminando figuras y conceptos hoy ya inaplicables por obsolescencia y en otros casos para poner a la normativa nacional en el contexto de una realidad mundial que cada vez se nos hace más próxima.

Sucre, 8 de junio del 2015