El PREMIO A LA SERVIDUMBRE PERSONAL

El diccionario de la Real Academia Española señala que la servidumbre personal es: “Sujeción causada por las pasiones o afectos que coarta la libertad del individuo”. En otros diccionarios señalan que: “La servidumbre personal (del latín servus) es una forma de contrato social y jurídico típica del feudalismo mediante la que una persona —el siervo, generalmente un campesino— queda al servicio y sujeta al Señorío de otra —el señor feudal, …”; vinculando esta definición a su origen histórico, pero con matices las definiciones resultan coincidentes en la forma como debe entenderse la servidumbre personal, caracterizada en su origen como una expresión feudal y en la actualidad, entendiendo como una conducta de la persona que guiada por una pasión o por afectos viendo así coartada la libertad de pensamiento de la persona.

El 28 de enero del 2018 en entrevista realizada por Página Siete al presidente del Senado, José Alberto (Gringo) Gonzales, éste hace un reconocimiento expreso respecto de su conducta como presidente del Senado y de los demás integrantes del Legislativo: “Nos hemos acostumbrado a que nos instruyan qué hacer” y más adelante revela su molestia con algunos miembros del Ejecutivo que dan instrucciones a la Asamblea.

Semejante declaración resulta gravísima, y seguramente en otras latitudes al haberse hecho pública, la ciudadanía habría reaccionado y dado origen al cambio de las presidencias de las Cámaras Legislativas.  Porque una afirmación de esa naturaleza devela una vulneración a la independencia de poderes y afecta al régimen democrático representativo vigente.  Lamentablemente el abuso de poder y atropello por parte del Ejecutivo sobre los otros Órganos del Estado, en Bolivia se admite como natural por los propios servidores públicos, y no existe para el ciudadano mecanismo alguno para modificar ese tipo de comportamiento en el Legislativo o en los otros Órganos del Estado que mantienen similar grado de sometimiento, con respecto al Ejecutivo.  Recordemos al presidente del Tribunal Supremo cuando también en forma pública declaraba sus afectos y pasiones hacia el presidente del Ejecutivo, o los recientemente elegidos magistrados, seleccionados en el legislativo, que seguramente como reconoce José Alberto Gonzales fueron seleccionados por instrucciones del Ejecutivo, y conformando una nómina en su mayoría ex funcionarios del propio ejecutivo, ya acostumbrados a mantener una conducta de servidumbre personal.

Las instituciones quedan y las personas pasan, es la afirmación frecuente, en un sistema democrático; pero no menos cierto es que son las personas que con su conducta y su comportamiento ético dignifican una función sea privada o pública en una sociedad.

El Señor Gonzales y la Señora Gabriela Montaño al asumir sus funciones como asambleísta y luego como presidentes del Senado y Diputados no juraron por su creencia religiosa, sino con su mano izquierda en alto, se comprometieron a respetar y hacer cumplir la Constitución Política del Estado.  Ese compromiso, no es una mera formalidad, sino un mandato que la Constitución Política del Estado en el numeral 1° del artículo 108, impone a todo ciudadano y más aun a los servidores públicos, para que cumplan y hagan cumplir la Constitución y las Leyes; y nadie puede alegar ignorancia de ellas.

La molestia revelada por el presidente del Senado respecto de las instrucciones que reciben del Ejecutivo, no paso de ser una declaración formal ante la prensa.  Puesto que días después cuando se eligieron a las autoridades del Legislativo; el Señor Gonzales junto a la Señora Gabriela Montaño olvidaron su molestia y su dignidad personal, seguramente guiados por su pasión y afecto al Señor Feudal que instruyo se los premie con la reelección como presidentes del Senado y Diputados, optaron por recibir el premio antes que defender su dignidad personal.

No olvidemos que por esas instrucciones a las que estaban acostumbrados se les asigno la tarea de ser los defensores del Código del Sistema Penal, que en su momento la Señora Gabriela Montaño con firmeza sostuvo que no permitirían la abrogación de la Ley 1005 y posteriormente fueron abandonados por el presidente del Ejecutivo quien en nota oficial les instruye la abrogación de la ley.  Dichos personajes como muestra de su sometimiento, en menos de setenta dos horas cumplen con la voluntad del Ejecutivo; es decir pesaron más sus pasiones y afectos, antes que su convicción de que el Código era la panacea para el país, que tanto defendieron en meses anteriores.

Los presidentes de Senado y Diputados, al asumir tan altas funciones en el Legislativo, si leyeren la Constitución Política del Estado, por lo visto no la entendieron, porque el artículo 12 constitucional es claro cuando señala que los Órganos del Estado son independientes; si ellos recibían y reciben instructivos de lo que deben hacer desde el Ejecutivo, obviamente que vulneran la obligación de respetar la Constitución; desconocen su derecho a la libertad de pensamiento consagrado en el numeral 3 del artículo 21 de la Constitución.  Si alguna vez leyeron la Segunda Parte de la Constitución de los artículos 145 al 164 de la Constitución Política del Estado, no la entendieron, porque allí están claramente especificadas cuales son sus funciones como cabezas y miembros de la Asamblea Legislativa; que están obligados a cumplir por mandato del artículo 108 de la Ley Fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia; pero prefieren acatar las instructivas del Ejecutivo, en franca vulneración de la Constitución.

En los hechos las labores de la Asamblea en la presente legislatura empiezan después de las fiestas de Carnaval.  Lo que me pregunto es: ¿Con que cara? podrán los reelectos presidentes de la Cámaras salir a la palestra y sostener que este Gobierno selecciona y premia a las mejores capacidades, si ellos mismos son ejemplo de su propia incapacidad de comprensión de la Constitución y entender de sus funciones; sí son ellos mismos el ejemplo evidente de que en este Gobierno lo que se premia es el servilismo y el sometimiento a la voluntad y los caprichos del presidente del órgano ejecutivo.  ¿Con que cara? Saldrán a la palestra e insistirán que ha existido una revolución del cambio en estos doce años y se han superado las conductas colonialistas que tanta fobia les causa, si ellos en lo personal actúan en clara obediencia del Señor Feudal, el presidente del Ejecutivo, que instruye lo que deben hacer los otros órganos del Estado, destruyendo la institucionalidad democrática, desconociendo la separación e independencia de los órganos del Estado.  Estas son las razones entre muchas otras por las cuales el ciudadano boliviano le dijo al presidente del ejecutivo, ¡NO! a su reelección indefinida, ya basta de tanto atropello.     

Sucre, 8 de febrero de 2018

CONFIANZA DE UN FALLO FAVORABLE PARA BOLIVIA

El Ministro de Justicia, Héctor Arce y el Canciller Huanacuni manifestaron el día lunes (Pagina Siete -digital- 29-1-2018) su “confianza en un fallo favorable” en la Corte Internacional de La Haya, luego de una reunión con el equipo jurídico en el que se analizaron los alegatos que expondrán en las audiencias orales que empezarán el 19 de marzo próximo.

Lo que, sin duda, era una declaración que se esperaba de las autoridades bolivianas, como en su turno y en el mismo sentido declararon las autoridades chilenas, respecto de su propia visión.  Nadie concurre a la defensa de sus intereses ante un Tribunal con la idea de perder.

Pensemos por un instante que el fallo de la Corte Internacional de Justicia, nos es favorable y por lo tanto ese Tribunal dispone que Chile debe iniciar negociaciones con Bolivia, para otorgarle un acceso soberano al Pacífico.  ¿Ya sabe cómo y qué negociará?

La presidente Bachelet y el presidente electo Piñeira, éste último que se habrá posesionado días antes de las audiencias fijadas por la Corte Internacional de Justicia, coinciden en afirmar que asumirán la defensa de su soberanía territorial; lo que en realidad no es coincidencia, es una definición de Estado que no se ha modificado en Chile, y que fue el freno para que el llamado “Abrazo de Charaña” de la década de los 70´s tuviese posibilidades de éxito, porque la solución entonces pasaba por la posibilidad de un canje territorial.

Cuarenta años después y con un fallo favorable para Bolivia, por parte del Tribunal Internacional, con sede en La Haya; es de presumir que las negociaciones se iniciarán sobre la base de un canje territorial y no de una cesión territorial por parte de Chile que sigue en la posición que el Tratado de 1904 es válido y ésta vigente, en aplicación del principio de “Pacta sunt servanda”.  Bolivia por su parte en la demanda y para hacerla viable, también declaro la validez y vigencia del Tratado de 1904 y además declaro que no se pedía su revisión, haciendo descansar el fundamento de la demanda en el cumplimiento de la oferta de buscar una solución al problema marítimo boliviano y su enclaustramiento.

Si ello es así, ¿Bolivia está dispuesto a realizar un canje territorial equivalente al que Chile transfiera a Bolivia? Tendrá que ser un territorio que colinde con la frontera con el Perú, puesto que no resulta ni estratégico y mucho menos lógico pensar que Chile admita dividir su territorio en dos, por lo que si miramos el mapa, para mantener la continuidad territorial de Chile y Bolivia, sin duda será un corredor en la frontera con el Perú y Bolivia tendrá que pensar en compensar con una franja territorial que comprendan Oruro y Potosí, no del Departamento de La Paz, pues debemos entender que esa zona será la que nos vincule con el territorio que nos de acceso al Pacífico y esas negociaciones deberán concluir con la suscripción de un Tratado, que además debe contar con la aceptación por parte del Perú en aplicación del Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 1929.

De conformidad con el numeral II del artículo 257 de la Constitución Política del Estado: Los tratados internacionales requerirán de aprobación mediante referendo popular vinculante previo a la ratificación que impliquen cuestiones limítrofes. 

Como se podrá apreciar de ser favorable a Bolivia en fallo de la Corte Internacional de Justicia, la negociación con Chile no será suficiente, habrá que negociar necesariamente y en forma complementaria con el Perú; pero además la ciudadanía boliviana estará dispuesta a entregar en calidad de canje territorial ¿Una porción equivalente de los territorios de Oruro y Potosí?

El Perú cuando fue consultado respecto del canje territorial entre Bolivia y Chile, en la década de los 70´s ya manifestó su desacuerdo y propuso la alternativa de crear una zona de soberanía compartida tripartita; ¿Mantendrá esa posición?  De ser así, ¿Qué alternativas propondrá Bolivia?  En materia territorial el Estado Boliviano debe tener claro que el territorio se negocia con territorio; no resulta ni creíble, si el Perú en 1929 no admitió la cesión a terceros de lo que fue en su momento territorio peruano, hoy admita la posibilidad de canjear territorio por bienes fungibles como pudiese ser gas – que hoy no los precisa – menos que admita un pago por territorio, que Bolivia tampoco está en condiciones de hacerlo.

Con referencia a la necesidad de un referéndum popular en Bolivia previo a la ratificación de un Tratado fruto de las negociaciones con Chile.  Los bolivianos estamos dispuestos al canje territorial; el Gobierno no ha realizado ninguna acción orientada a generar una voluntad positiva al canje territorial.  Si, los resultados de dicho referéndum fuesen negativos, el Gobierno de Evo Morales está dispuesto a respetarlo o hará exactamente que, en el caso del referéndum del 21 de febrero del 2016, ¿ignorarlo y pasar por encima de la voluntad soberana de la ciudadanía?

En el Tratado de 1904 solo se menciona el territorio continental perdido por Bolivia, y no menciona nada del mar territorial que es un derecho reconocido con posterioridad en los Tratados de La Habana, medio siglo despues sobre Derecho Marítimo de los Estado.  El canje territorial supondrá ¿el reconocimiento sobre la superficie marítima hoy bajo soberanía chilena? ¿Ese no será un tema de la negociación? Cómo podrá apreciarse, existen aún muchos elementos que considerar en el proceso de la negociación que el Gobierno Boliviano no ha aclarado.  Es evidente también que por razones de estrategia y de manejo diplomático muchos de estos aspectos deben permanecer en prudente reserva.  Pero creemos que no es aconsejable a ésta altura del proceso judicial iniciado por Bolivia, efectuar declaraciones triunfalistas; porque de ser favorable el fallo a Bolivia, recién empieza el largo camino de una negociación, que puede culminar en nada.  Si vencido el tiempo que otorgue el Tribunal de La Haya, Chile explica al Tribunal haber hecho la propuesta formal de canje territorial que no ha sido admitida por el Perú o de la que la ciudadanía boliviana no admitió en referéndum popular conforme exige la Constitución Boliviana en su artículo 257 numeral II.  ¿Qué podría decidir el Tribunal de La Haya, respecto del fallo original?

Son algunos de los aspectos que no quedan claros y sobre los cuales el Gobierno y la ciudadanía boliviana tiene que empezar a reflexionar, así como de otros aspectos colaterales sobre los que también debe meditarse con la mayor serenidad, porque hacen a nuestra integridad como Estado. 

Sucre, 31 de enero de 2018

EL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL BOLIVIANO

                                                           Su Abrogación y la elaboración de un nuevo proyecto

El 14 de diciembre del 2017 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 1005, elaborada entre personas que carecían de conocimientos jurídicos y con el apoyo de juristas extranjeros, como si se tratase de resoluciones sindicales entre afines al Gobierno.

Para todos es de conocimiento que una vez iniciados los reclamos y objeciones a la Ley 1005, por parte de los profesionales médicos y analizada por otros sectores se evidenció las enormes deficiencias de la Ley 1005, lo que provocó movilizaciones que, al cabo de 47 días, culminó con el anunció del Órgano Ejecutivo de abrogación de la Ley.  El Legislativo en una muestra más de su nivel de sumisión al Ejecutivo, acató su voluntad y el día de ayer 23 de enero del 2018, la Cámara de Diputados aprobó la abrogación de la Ley 1005, y se estima que la también sumisa Cámara de Senadores acatará la voluntad Presidencial.

Ya no corresponde un análisis de la Ley que en las próximas 48 horas será expulsada del ordenamiento jurídico nacional; lo preocupante es el anuncio hecho por diputados en sentido de que en febrero se empezará nuevamente su revisión.  Aun con la experiencia vivida, no comprenden que las deficiencias del Código de Sistema Penal, no es un simple problema de redacción o de consultar en asambleas sectoriales, esperando que todos levanten la mano en señal de conformidad.

Un código es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas jurídicas, que en materia penal deben guardar coherencia e integrarse a una política criminal definida para el Estado.  Es decir, debe ser un compendio ordenado de la legislación aplicable a las necesidades de la Sociedad.  Debe eliminar redundancias, la ausencia de lagunas y la universalidad: esto es, que no existan normas vigentes fuera del compendio; porque será el marco en el cual el Estado ejerza su facultad sancionadora y los límites a los que debe someterse. Este cuerpo normativo debe armonizarse con los principios y la normativa constitucional vigente, y respetando todos los Tratados Internacionales que en materia de Derechos Humanos y en materia específicamente penal el Estado Boliviano se ha comprometido a respetar.  La estructura del Código, la sistematización de sus contenidos y alcances e incluso el orden y distribución exigen una capacidad legislativa de nivel profesional.  No puede ni debe ser el producto de los acuerdos y de levanta manos de los diferentes sectores afines al gobierno de turno, sino el resultado de una política criminal previamente definida y considerando las características de la realidad nacional.

Los Presidentes de Cámara de Senadores y Diputados, así como el Ministro de Justicia, alegaron que la elaboración Ley 1005 contó con el asesoramiento de profesionales penalistas de enorme prestigio internacional.  Seguramente y no ponemos en duda sus conocimientos y experiencia; pero fracasaron porque desconocían la realidad social y la capacidad institucional del Órgano Judicial, así como de sus limitaciones, menos el quehacer diario de la práctica judicial boliviana.

Si quieren empezar en febrero, nos parece sensacional, pero deben empezar por seleccionar un nuevo equipo técnico con expertos en todas las áreas penales, que analicen políticas de prevención que aporten al fenómeno penal; expertos en redacción e interpretación legislativa; definir la política criminal y que el equipo de profesionales con una misma visión y enfoque jurídico inicien y acaben el proyecto de manera que no resulte mañana una propuesta sin coherencia, unidad, debida sistematización y cuidando el respeto de todo el ordenamiento constitucional, y legal del país en armonía con los tratados internacionales.

Estructurar un equipo de trabajo, no es cuestión de sentarse en una mesa y hacer un listado de amigos a los que se les pretende dar una fuente laboral.  Esta debe ser un labor serena, meditada y buscando a los mejores, no a los serviles al gobierno de turno; se va a legislar para Bolivia, no para satisfacer los apetitos gubernamentales.  Es por ello que preocupa el anuncio simplista de abrogamos la Ley y pasado mañana empezamos una nueva revisión, si eso es lo que pretenden estarán nuevamente elaborando un disparate de Ley.

Esto debe además estar acompañado de un cronograma que fije tiempos y etapas hasta llegar a la fase de redacción de la nueva Ley y un periodo de difusión a cargo del mismo equipo, que permita recoger otros aportes, sugerencias o recomendaciones.  Pretender encomendarle la difusión a la Presidencia de las Cámaras que saben tanto de Derecho y específicamente de Derecho Penal, como saben de física nuclear.  El dicho popular es sabio cuando dice: “Zapatero a tus Zapatos”.

Una vez cumplido un cronograma de trabajo coherente, la Asamblea Legislativa debería aprobar en grande y en detalle analizando con el debido detenimiento, para eso los asambleístas tienen asesores o pueden contratarlos; pero repetir la farsa de aprobar más de 500 artículos en una noche, con el sistema de los levanta manos serviles y obsecuentes al Gobierno, lo único que aseguran es un nuevo fracaso, que lamentablemente tendrá que sufrir la ciudadanía, que es a quienes sirven las autoridades gubernamentales; lo que han olvidado por completo y aunque en todos los discursos se diga que: “defiende a los más necesitados”, sus actos ponen en evidencia que lo único que defienden son los intereses de un pequeño grupo que pretende no soltar las riendas del poder.    

Sucre, 25 de enero de 2018