CÓDIGO PROCESAL CIVIL

La reforma del Derecho Procesal Civil Boliviano del sistema escriturado al sistema oralidad, pretende reducir la retardación de justicia y lograr una justicia ágil, eficiente y oportuna. El Código Procesal Civil promulgado mediante Ley 439 de 19 de noviembre de 2013, cuya vigencia plena recién se inicia el 6 de febrero del 2016.

En el sistema procesal escriturado, el procedimiento se caracterizaba por una formalidad que reclamaba el cumplimiento riguroso de una secuencia de actos jurídicos que se iniciaban con la demanda y que debían observarse minuciosamente en procura de la sentencia, último acto con el que debía concluir toda controversia, entendiendo que así se garantizaba el debido proceso.  Sin perjuicio de la posibilidad de la posibilidad de que quien no estuviese conforme con lo resuelto pudiese recurrir en apelación, respetando el principio de la doble instancia o de revisión y en determinados procesos incluso la posibilidad extraordinaria de la casación; mecanismos estos que también disponían de fases y etapas de riguroso cumplimiento, así en síntesis lo describía el Profesor James Goldschmidt en su obra Derecho Procesal Civil en 1936; que con las variantes propias y los fundamentos que a su turno desarrollaron doctrinarios del derecho procesal civil como Francesco Carnellutti o Hugo Alsina.  Con esa visión también se redactó el Código de Procedimiento Civil boliviano de abril de 1976.

Prueba evidente de aquella realidad se manifiesta en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que en el Auto Supremo 228/2014, a tiempo de fundamentar un recurso de casación sostiene:

“Interpuesto el recurso de casación, corresponde inicialmente realizar algunas  consideraciones generales referidas al proceso, denominado así el conjunto sistemático de actos jurídicos procesales desarrollados en procura de arribar a la resolución del conflicto planteado por las partes, estructurado en etapas y fases con la finalidad de otorgar a los litigantes las garantías de igual y defensa, establecidas en la Constitución Política del Estado, proceso que sin embargo puede en su tramitación, resultar vulnerable  a la realización u omisión  de actos que pudieren afectar su avance con la normalidad que se debe y que en algunos casos estas situaciones  obsten con la finalidad primaria  del proceso jurisdiccional que en definitiva consiste en la emisión de un fallo que resuelva el conflicto planteado.” Es decir que primaba el respeto el orden sistemático de actos, etapas y fases en “procura de arribar a la resolución del conflicto”.

La reforma vigente desde febrero del 2016, supone un cambio de mentalidad no sólo por el hecho de asumir un sistema de oralidad, que supone la preponderancia de las actuaciones orales y de la inmediación.  Sino que fundamentalmente el proceso civil ha cambiado de objetivo; de la rigurosidad de las formas, plazos y la rigidez en el cumplimiento de determinados actos, por lo fundamental sigue siendo resolver la controversia, pero concluirla lo antes posible, sin que ello signifique vulnerar derechos o la garantía del debido proceso.

El artículo 6 del Código Procesal Civil (Ley Nº 439) claramente define que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos; y en esa línea el artículo 2º del mismo Código sostiene que la responsabilidad de los Jueces es adoptar las medidas orientadas a la finalización del proceso.  Siendo que el debido proceso es una garantía constitucional para las partes, el Juez tendrá que tener presente aquello, pero deberá buscar la forma de concluir con los procesos lo antes posible, porque así se lo impone la Ley.

Por ello mismo, sin que se atropellen las actuaciones o se suprima el derecho legítimo de las partes a defender sus propias pretensiones en el proceso; corresponderá al Juzgador que si en la primera audiencia ya ha formado convicción clara de lo que habrá de ser su decisión final, podrá pronunciar resolución o sentencia en esa misma audiencia y si el procedimiento establece la posibilidad de dos audiencias, ello no significa que deba esperar a la celebración de esa segunda audiencia para pronunciar sentencia.  Así como cuando la Ley le permite al Juez la posibilidad de celebrar excepcionalmente una audiencia adicional, eso tampoco significa que el Juez se organice de forma tal se convierta en una rutina en sus actuaciones, el que recurra al fácil expediente de convertir la excepcional audiencia adicional en una práctica cotidiana.

Como se podrá apreciar el éxito o fracaso en la vigencia y correcta aplicación del Código Procesal Civil, depende hoy en gran medida de la actitud y determinación de los Jueces, en la conducta que asuman los abogados litigantes, para exigir ese debido impulso procesal y la correcta interpretación de la Ley, no solo porque los abogados patrocinantes de una causa tengan una correcta y absoluta buena fe y lealtad procesal, sino que además tengan el coraje de reclamarla y exigirle al Juzgador.

A seis meses de su vigencia, es prematuro realizar una evaluación de los resultados alcanzados y en la forma en que reclama la Ley 439, pero hacemos votos que todos los sujetos que intervienen en el proceso, lo hagan imbuidos de esa mentalidad.

                                                                                  Sucre, 3 de enero del 2019