¿Un nuevo proceso contra Magistrados del Tribunal Constitucional?

El Pacto de San José de Costa Rica, tratado ratificado por Bolivia y por tanto obligatorio en su cumplimiento, establece que: Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.  El numeral 2° del mismo artículo establece que: La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior.

El Pacto si bien reconoce el derecho de todo ciudadano a votar y ser elegido; ese derecho no lo proclama como un derecho absoluto, irrestricto e ilimitado, sino es el propio Pacto en que reconoce que requiere de una norma secundaria que establezca las condiciones y las formalidades que cada Estado establezca para el ejercicio de ese derecho.

Ese reconocimiento y necesidad de regular mediante Ley, en ninguna circunstancia puede entenderse como limitante, sino que existe Instituciones encargadas de administrar los procesos electorales; deben definirse las condiciones para el ejercicio del derecho de quienes habrán de votar, así como existen condiciones y cualidades que deberán reunir quienes pretenden ser elegidos, y finalmente deberán establecerse las normas que permitan proclamar o no a quien postula a un cargo electivo; como también los impedimentos que se establecerán para aquellos que no reúnan las condiciones de elegibilidad.  Esta regulación no importa restricción, limitación o acto destinado a impedir la participación ciudadana.

Cada Estado ha establecido sus propias normas, desde la elección por un solo período, la elección por un periodo y uno adicional, estableciendo que un ciudadano puede optar por un tercer mandato, pero pasado un período.  Otros Estados han fijado la posibilidad de la reelección por más de dos períodos continuos; así como han exigido condiciones de elegibilidad según sea la naturaleza del cargó o función a la que se aspira llegar mediante voto.

Es también evidente que los artículos 410 y 256 I de la Constitución Política del Estado boliviano, establecen en su orden que: los Derechos Humanos forman parte del Bloque de Constitucionalidad y que por ello se aplican los tratados internacionales en materia de derechos humanos con preferencia, cuando estos últimos declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución.

El derecho a votar y ser elegido es un derecho reconocido en el artículo 26.I de la Constitución boliviana; exactamente en la misma forma que establece el Pacto de San José, por lo tanto, el mencionado Pacto no es contrario a la Constitución, ni esta es contraria al Pacto de San José, se hallan en realidad en una equivalencia plena de orden normativo.

El Pacto de San José en su parágrafo 2° establece que una Ley podrá reglamentar el ejercicio de ese derecho de votar y ser elegido.  En el caso boliviano por una voluntad soberana de quienes aprobaron la Constitución en el 2009, para el caso del Presidente y Vice-Presidente del Estado, no solo que se reglamentó en la Ley 026 el ejercicio del derecho a votar y ser elegido, sino que además se constitucionalizó reglamentando en el artículo 168 de la Constitución, estableciendo que esa elección no podía ser un derecho ilimitado en el tiempo, sino que se determinó que se podría elegir al Jefe de Estado y al Vice-Presidente por un período de cinco años, con opción a una reelección por un periodo adicional.

En definitiva, la Constitución Política boliviana de 2009, no vulnera el Pacto de San José, ni éste último establece derechos mejores que la Constitución y por lo tanto en este específico tema el Pacto de San José no goza de preferente aplicación, es más, el propio Pacto reconoce a los Estados la facultad o potestad de reglamentar el ejercicio del derecho al voto y a ser elegido; lo que en el caso boliviano se halla contemplado en el artículo 168 constitucional y en la Ley 026 del Régimen Electoral.

Si ello aún no fuese lo suficientemente claro, veamos cuales las facultades y atribuciones que la Constitución Política le reconoce al Tribunal Constitucional Plurinacional y podremos observar que por mandato del artículo 196.I de la Constitución Política del Estado (2009) tiene como función esencial velar por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto a la vigencia de los derechos y garantías constitucionales.

Es decir, el Tribunal Constitucional debe velar porque por encima de toda norma se garantice la supremacía de la Constitución.  No siendo las normas constitucionales contrarias al Pacto de San José, entonces le corresponde cuidar que la Constitución se le asigne la supremacía de la que goza en el ordenamiento jurídico nacional, y por tanto por la vigencia plena del artículo 168 y la Ley 026.

Por todo ello un recurso de inconstitucionalidad abstracto como el que se ha formulado el día de ayer (18-9-2017) no solo que carece de sustento constitucional o legal, sino que la exposición de motivos expuesta por los legisladores proponentes del recurso, no solo que es inconsistente, sino que, en respeto a un mínimo de apego constitucional, debería rechazarse.

Pero pensemos en el peor de los escenarios, que el Tribunal Constitucional boliviano, opte por admitir el recurso.  Serían los propios magistrados que optarían por un suicidio colectivo.  Puesto que ni la Constitución en el artículo 196.I ni el Código Procesal Constitucional le confieren faculta alguna para “anular” - que es como se pide – y mucho menos tiene facultades de modificar la Constitución.  Puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley que sea contraria a la Constitución, pero jamás podrá declarar la inconstitucionalidad de la propia Constitución; aún más grave sería que el Tribunal pretenda declarar que una norma de la Constitución es inaplicable.

Por ello señalamos que si los miembros del Tribunal Constitucional boliviano, resuelven admitir el recurso de inconstitucionalidad abstracta, formulada por un grupo de parlamentarios, estaría incurriendo en un suicidio colectivo, puesto que no tendría forma alguna de resolución, ni aun cuando quisiera emitir un fallo por equidad, no encontraría una fórmula valida que le permita declarar la inaplicabilidad de una norma constitucional o más grave aún anularla, pues ello significaría asumir una potestad y competencia que no le corresponde, pues un acto de esa naturaleza sería reformar parcialmente la Constitución, por quienes juraron precautelar la Constitución.

Ante el hecho evidente e incuestionable, que el Tribunal Constitucional en sus actuaciones judiciales y en sus decisiones, ha olvidado el ejercicio de su independencia de los otros Órganos – Poderes – del Estado y por el contrario ha actuado en grados de sumisión y sometimiento al Órgano – Poder- Ejecutivo – a riesgo de que de no acatarse sus instructivas, sus miembros inmediatamente son objeto de proceso judicial y de condena anticipada, recordemos el Caso del Magistrado Cusi y muy recientemente el proceso iniciado contra Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que habiendo emitido una sentencia, ella no fue de agrado del Presidente Evo Morales y en consecuencia se resuelve abrir de forma inmediata un proceso contra los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.  En el caso del Recurso de Inconstitucionalidad Abstracta, ¿estaremos ante un proceso en días más, contra los actuales magistrados del Tribunal Constitucional?   

Sucre, 19 de septiembre de 2017

ELECCIONES JUDICIALES EN BOLIVIA TROPEZANDO DE NUEVO Y CON LA MISMA PIEDRA

En la Constitución Política boliviana de 2009, en los artículos 182, 188, 194.I, y 198 se incorporó el sistema de elección de los miembros de los Tribunales Nacionales y del Consejo de la Magistratura por voto universal y directo del ciudadano.  Algo que ningún otro país en el mundo sí quiera pensaría en dicha posibilidad, en resguardo de su institucionalidad democrática.

La razón resulta simple, no puede un Estado encomendar la administración de la justicia, a un grupo de personas elegidos por su simpatía, popularidad o porque el nombre y apellido del postulante, le suena agradable al oído.  Porque el primer experimento de esta modalidad, que se realizó en octubre de 2011, establecía en su convocatoria una prohibición a los postulantes de hacer campañas publicitarias.

Si este sistema de elección no lo aplica ningún país en el mundo, es precisamente porque son conscientes que las más altas Magistraturas responsables de administrar justicia, deben ser necesariamente los profesionales más idóneos, expertos especialistas en las áreas jurídicas en las que se desempeñarán y haber demostrado una amplia experiencia práctica, conocimientos teóricos, doctrinales y jurisprudenciales, además de haber demostrado a lo largo de su vida profesional un alta formación moral y ética, lo que conlleva el no tener antecedente alguno que ponga en duda su comportamiento en la sociedad; lo que regularmente se evalúa por mecanismos rigurosos en cualquier Estado.

Tristemente, los bolivianos que lejos de buscar lo mejor para nuestro país, encontramos fascinación en hacer los más ridículos experimentos, sabiendo además que vamos camino al fracaso, así en octubre del 2011 se convocó a la ciudadanía a elegir entre desconocidos a los magistrados de los más altos tribunales de justicia; logrando una alta participación electoral de casi ochenta por ciento del padrón ciudadano, pero de cada cinco votos emitidos, tres fueron blancos o nulos y sólo dos respaldaron alguna de las postulaciones; es decir, ningún candidato obtuvo una votación mayor al 10% de los electores y pese al evidente rechazo ciudadano, el Órgano Electoral posesionó como autoridades judiciales a quienes alcanzaron alrededor de 6% de los votos.

Fueron múltiples las críticas en ese momento, seis años después ha quedado en evidencia que el sistema de elección fue un fracaso, pues quienes asumieron dichas funciones carecían de un conocimiento de la problemática judicial, en el conocimiento de las causas, sus resoluciones dejan mucho que desear, la retardación de justicia lejos de disminuir se incrementó; el tráfico de influencias y la corrupción se convirtieron en personajes de privilegio en los ambientes judiciales introduciendo prácticas y procedimientos antes inexistentes.  Las causas más sencillas que antes se tramitaban en dos o tres meses, hoy se resuelven en tiempos no menores a los ocho y diez meses.

La Independencia del Poder Judicial (llamado Órgano Judicial) sí antes la defendían los magistrados, hoy se olvidaron por completo y resolvieron entregarse a la voluntad absoluta del Órgano Ejecutivo y Legislativo.  Prueba evidente de aquello es que en estos seis años no se ha logrado incrementar el presupuesto judicial, lo que impide el crecimiento vegetativo en el número de juzgados en el área penal y civil que son las que tienen la mayor carga procesal.

Pese a que la nueva normativa ha incorporado el uso de las tecnologías de información y comunicación, sin embargo esa falta de presupuesto y la ausencia en la definición de prioridades, ha hecho imposible su implementación, porque aun cuando se han creado sistemas informáticos distintos, ellos solo han servido para poner a disposición del público los datos generales de los Tribunales y de los miembros de cada uno de ellos, pero no tienen la capacidad suficiente la notificaciones en red, actualización al día de la jurisprudencia de los distintos tribunales.    

Ante la lentitud de los magistrados en la resolución de causas, optaron por incrementar los llamados abogados auxiliares, letrados u otras denominaciones, que son los verdaderos redactores de los fallos, y aun así el retraso en la resolución de causas sigue siendo alarmante y que para disimular tal retraso optaron por antedatar las fechas de emisión de las resoluciones; impidiendo en el marco del debido proceso, la posibilidad de que las partes puedan solicitar complementaciones o aclaraciones y en algunos casos el derecho a impugnar dichos fallos.  Estos son algunos ejemplos de muchas otras debilidades del sistema de administración no resueltos y que además no existen visos de que se pretenda resolver.

Lo racional, coherente es que el Estado boliviano, ante esta evidencia de hechos claramente reconocida por los otros Órganos del Estado, opte por la reforma constitucional, elimine el sistema de elección por voto directo del ciudadano y establezca un sistema de elección, no sólo más adecuado a nuestra realidad, sino que además real y efectivamente se produzca una selección por méritos y por la calidad de sus aspirantes al cargo de magistrados.

Curiosamente han optado por tropezar de nuevo y con la misma piedra, pues si bien es evidente que en la nueva convocatoria para el 2017 han incorporado algunas modificaciones, estas no garantizan nada, en tanto no se elimine la elección universal y por voto directo

La convocatoria de fines de abril, ya ha sufrido tropiezos y ha sembrado dudas respecto de la voluntad real de buscar a los mejores profesionales para esas funciones.  De 489 postulantes en mayo, un tercio fueron inhabilitados en junio por no reunir requisitos.  Es decir, personas que saben que no cumplen las condiciones mínimas para acceder a la función, aun así lo hicieron, en una clara muestra de su ausencia de ética profesional como para reconocer sus limitaciones.  De los 325 habilitados se comprobó que, en los casos del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, el número de postulantes mujeres, así como el de indígenas, era insuficiente para cumplir con la exigencia de un mínimo de candidatos de una y otra categoría.

La Asamblea Legislativa decide suspender las elecciones judiciales previstas para el 22 de octubre y convocarlas para el 3 de diciembre. Se declara desierta la convocatoria efectuada para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, no obstante, lo cual los candidatos habilitados se mantendrán en tal condición dentro del proceso, y resuelve que en los otros dos órganos el proceso continuará como estaba previsto originalmente.

 

En esta segunda convocatoria, y en la pretensión de darle visos de selección por méritos, se invita a integrar la Comisión de Preselección al Sistema de las Universidades; que ingenuamente cree en una supuesta selección meritocrática.  Pero en las primeras sesiones los delegados del CEUB reconoce haber sido callados al momento de formular observaciones al proceso de calificación de documentos. 

Posteriormente los delegados del CEUB, participan en la elaboración de cuestionarios para el examen escrito de los postulantes; y en esta etapa incurren en el más vergonzoso y nefasto error, al elaborar un cuestionario más sencillo que aquellos que se elaboran para el ingreso de un bachiller a la Universidad, pero de ninguna manera a la altura de postulantes a las más altas magistraturas del país; tan evidente aquello que ha sido motivo de burlas y de la indignación se pasó a la hilaridad cuando la ciudadanía en actitud jocosa sacaron preguntas y respuestas absurdas de los referidos cuestionarios.

Lo grave o gravísimo es que ante preguntas tan elementales, profesionales postulantes que creen reunir condiciones para magistrados, por algo postulan, no fueron capaces de aprobar dicha evaluación y si no hubiese sido porque agregaron la revisión de sus documentos a su calificación final, muchos no habrían pasado la evaluación y obtenido el mínimo de 65% para incorporarse a la nómina de los posibles postulantes en las futuras listas de votación.

En definitiva, los errores del 2011 y el Reglamento de la convocatoria del 2017, lejos de dar señales de mejorar cuando menos en algo el sistema de preselección, lo único que ha hecho es acrecentar las dudas respecto de una verdadera selección.  Sí el examen escrito era sencillo, lo lógico y natural era que los postulantes obtengan calificaciones próximas a 70 puntos, que era lo óptimo para esa etapa. No haberlo hecho significa que los ciudadanos bolivianos emitirán su voto y solo podrán elegir a los futuros magistrados entre malos o mediocres, quedando en la utopía la posibilidad de seleccionar a los mejores.

Sucre, 17 de julio de 2017